El pasado martes 6 de agosto, una serie de eventos clave desencadenó un giro inesperado en la causa por violencia y hostigamiento que involucra al ex presidente Alberto Fernández y su pareja, Fabiola Yañez. Según los registros, el último contacto telefónico entre Fernández y Yañez se produjo a las 17:09 (hora de Argentina). Sin embargo, tan solo dos horas después, a las 19:47, el ex mandatario fue notificado de una orden judicial firmada por el juez Julián Ercolini, que le prohibía cualquier tipo de contacto con la denunciante.
La decisión del juez Ercolini de imponer esta restricción surgió el mismo día, cuando Yañez, desde Madrid, realizó una denuncia penal que activó de inmediato las medidas cautelares. Ercolini ordenó que Fernández no pudiera establecer “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada” con respecto a Yañez. Además, se le prohibió salir del país y se reforzó la custodia de Yañez en Madrid, ampliando la orden para incluir una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de ella.
La notificación fue entregada en el departamento de Puerto Madero donde reside Fernández, y fue firmada por el subcomisario Mauro Amed y el sargento Hernán Javier Florez. El acta, de apenas dos carillas, detalla que fue el propio ex presidente quien recibió la notificación, con la explicación correspondiente sobre los motivos de la medida.
El 9 de agosto, cuando la causa ya había sido transferida a otra fiscalía y juzgado, el fiscal Ramiro González, respaldado por la firma del fiscal Carlos Rívolo, solicitó el secuestro del teléfono de Fernández. Esta medida se basó en el presunto hostigamiento telefónico a Yañez, que se habría producido después de la imposición de la restricción. El allanamiento, ordenado por el juez Ercolini esa misma noche, resultó en la incautación de 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y dos memorias.
La coincidencia temporal entre el último contacto telefónico y la notificación judicial plantea serias implicaciones para la investigación. Si se confirma que Fernández tuvo conocimiento de la restricción antes de este último contacto, podría enfrentar mayores complicaciones en la causa. La Justicia ahora deberá determinar si se trató de un incumplimiento de la orden judicial, lo que podría agravar su situación legal en un caso que ya está generando un fuerte impacto en el ámbito político y mediático.
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