Este viernes a las 10 de la mañana, el expresidente Alberto Fernández comparecerá ante el juez federal Sebastián Casanello en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión. La declaración fue solicitada por el propio Fernández, quien pretende ampliar su descargo ante las acusaciones por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La causa gira en torno a un decreto presidencial firmado durante su mandato, que obligaba a todos los organismos estatales a contratar sus pólizas exclusivamente con Nación Seguros, una medida que, según la investigación, habría favorecido un esquema de intermediación millonario.
El juez Casanello analiza si esta maniobra permitió que el broker Héctor Martínez Sosa —esposo de María Cantero, secretaria personal del exmandatario— percibiera más de $366 millones en comisiones a través de contratos con al menos 19 organismos públicos, de acuerdo con una auditoría interna de la propia aseguradora estatal.
Este jueves, la Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, instó al magistrado a definir rápidamente la situación procesal de los imputados. También resolvió levantar la inhibición de bienes dictada en abril por Casanello sobre el expresidente, su secretaria, y los demás implicados.
La causa ya cuenta con más de 40 personas indagadas, a quienes se las acusa de haber participado de forma coordinada en un esquema de direccionamiento irregular de contratos de seguros, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Se investiga si existió un mecanismo sistemático de recaudación y distribución de fondos públicos a través de comisiones ilegítimas.
Fernández, quien también enfrenta otras investigaciones judiciales, busca responder a las imputaciones en persona y desligarse del escándalo que golpea a su entorno más cercano. El avance de la causa podría tener consecuencias políticas y judiciales de alto impacto, en un contexto en el que se reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión estatal.
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