El Ministerio de Salud de la Nación publicó recientemente las estadísticas vitales del 2023, revelando datos que preocupan a largo plazo: la Argentina registró apenas 460.902 nacimientos, la cifra más baja en medio siglo. Esto representa una reducción del 7% respecto a 2022 y una caída de más del 40% en comparación con 2014.
El desplome de la tasa de fecundidad —que en 2023 se ubicó en 1,33 hijos por mujer, lejos del umbral de reemplazo de 2,1— augura un futuro en el que la población argentina comenzará a decrecer. De hecho, el descenso es particularmente dramático en las provincias patagónicas, históricamente promovidas como territorios a poblar. Tierra del Fuego encabeza la lista con una caída del 61% en la tasa de fecundidad desde 2014, seguida por Santa Cruz (56%) y Chubut (49%).
La pregunta inevitable es: ¿qué ocurrió en 2014 para marcar un quiebre tan abrupto en la natalidad?
El papel de las políticas públicas en la caída demográfica
Distintos especialistas señalan que la merma en la tasa de nacimientos responde a una serie de políticas implementadas desde hace más de una década. En 2012, el fallo F.A.L. introdujo la noción del aborto como un derecho; en 2013 se incorporaron anticonceptivos de larga duración al programa estatal; y en 2014 comenzaron a distribuirse masivamente mediante el plan Remediar.
Lejos de revertirse, la tendencia se aceleró con la llegada del gobierno de Mauricio Macri. En 2015, la reforma del Código Civil facilitó el acceso de menores a anticonceptivos sin consentimiento parental, mientras que en 2017 se lanzó el plan ENIA (Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), con el apoyo de organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el PNUD y Unicef.
En 2019, un nuevo protocolo amplió el acceso al aborto no punible, eliminando la exigencia de riesgo de vida y estableciendo el “riesgo de salud” en un sentido amplio, incluyendo la dimensión social. Para muchos, esto representó una legalización de facto antes de la sanción de la ley en 2020.
Con la pandemia, la caída de la natalidad se desaceleró temporalmente, pero el descenso volvió a profundizarse con la reanudación del acceso pleno a métodos anticonceptivos y abortivos.
Consecuencias inminentes: menos niños, menos escuelas, menos futuro
Los efectos de esta crisis demográfica ya comienzan a sentirse. Maternidades y jardines maternales cierran por falta de demanda, y en pocos años la matrícula de los primeros grados escolares se desplomará.
A largo plazo, el envejecimiento de la población se convertirá en un problema estructural. La relación entre población activa y pasiva se tornará insostenible, poniendo en jaque el sistema previsional y limitando el crecimiento económico.
A pesar de esto, el Estado sigue financiando políticas de reducción poblacional sin considerar un plan de incentivo a la natalidad. Como advirtió la licenciada Mónica del Río, especialista en análisis demográfico, “limitar la ideología de género está bien, pero una caída de la natalidad como la que padece Argentina no se revierte sin un plan integral de promoción de la familia”.
El debate parlamentario: un consenso para despoblar
En julio de 2023, la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados organizó una reunión informativa sobre el tema. Allí, Mariano Fagalde, director nacional de Población del Renaper, expuso la gravedad del problema y planteó una pregunta clave: “¿Nos importa la fecundidad? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o no?”.
Sin embargo, la mayoría de los expositores defendió la continuidad de las políticas antinatalistas. Manuel Mera, del CIPPEC, argumentó que la baja natalidad es positiva porque permite mejorar la educación y el bienestar. Mariana Isasi, representante de UNFPA en Argentina, minimizó el problema y sostuvo que la prioridad es garantizar el acceso a anticonceptivos y abortos.
El único diputado que desafió este consenso fue Nicolás Mayoraz, de Santa Fe, quien advirtió que el envejecimiento de la población es un problema serio que compromete el futuro del país. Sin embargo, su intervención fue rápidamente desestimada por otros legisladores, que reafirmaron su alineamiento con la ONU y organismos internacionales.
Un futuro incierto sin una política demográfica propia
Argentina, un país con vastos recursos y baja densidad poblacional, se encuentra en una encrucijada. Mientras otras naciones con problemas similares, como Hungría o Rusia, han implementado políticas pro-familia, aquí se sigue una agenda diseñada por organismos externos que priorizan la reducción de la natalidad sobre la estabilidad demográfica.
Las cifras están a la vista. La pregunta es si el Estado tomará conciencia antes de que sea demasiado tarde.
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