En la reciente 78.ª Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el primer Acuerdo Mundial sobre Pandemias, presentado como un nuevo instrumento de cooperación global para enfrentar futuras emergencias sanitarias. La resolución fue avalada por 124 países sin objeciones, con apenas 11 abstenciones, entre ellas Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, detrás de lo que se promueve como un pacto de solidaridad internacional, se oculta un profundo debate sobre los límites entre salud pública y libertad individual.
El Gobierno de Javier Milei no solo decidió abstenerse, sino que reafirmó su voluntad de no adherir al nuevo acuerdo, argumentando que este tipo de compromisos podrían significar la pérdida de autonomía en decisiones críticas de política sanitaria. La postura oficial se fundamenta en los abusos vividos durante la pandemia de COVID-19, cuando gran parte del mundo sufrió cuarentenas prolongadas, cierres indiscriminados, censura, y medidas coercitivas que dañaron tanto la economía como el tejido social.
Durante la pandemia, millones de argentinos padecieron decisiones centralizadas que se tomaron bajo la justificación del “interés sanitario”, pero que terminaron restringiendo derechos constitucionales básicos. Toques de queda, cierres de escuelas, pasaportes sanitarios y amenazas penales por circular libremente son experiencias aún frescas en la memoria colectiva, y sirven como advertencia ante la posibilidad de que un organismo internacional como la OMS repita el mismo esquema, esta vez con mayor legitimidad legal.
El nuevo acuerdo aprobado por la OMS no solo establece mecanismos de coordinación internacional, sino que también sienta las bases para que la organización tenga una capacidad de intervención que va más allá de lo consultivo. Aunque se insiste en que las recomendaciones no son obligatorias, la experiencia reciente demuestra que las “sugerencias” de la OMS se transforman rápidamente en presiones políticas y económicas concretas sobre los gobiernos, lo que puede llevar a una pérdida de soberanía efectiva.
La negativa del Gobierno argentino también se inscribe en una decisión más amplia tomada a comienzos de año: el retiro progresivo del país de la Organización Mundial de la Salud, medida similar a la que en su momento impulsó Donald Trump en Estados Unidos. Bajo esta línea de pensamiento, el Estado argentino busca recuperar la potestad de decidir con libertad sobre políticas sanitarias, sin quedar atrapado en marcos normativos impuestos desde fuera.
A nivel discursivo, la administración libertaria que encabeza Milei refuerza su compromiso con la defensa de la libertad individual, la transparencia y el respeto a la Constitución Nacional, incluso en situaciones de emergencia. En lugar de delegar decisiones críticas a una estructura internacional, Argentina apuesta por la responsabilidad soberana, por priorizar la experiencia local y por rechazar todo intento de imponer modelos únicos en contextos profundamente diversos.
El acuerdo mundial de la OMS plantea un futuro donde, ante una nueva pandemia, los países firmantes podrían verse presionados a repetir esquemas de control, confinamiento y vigilancia, sin espacio para el disenso ni para la adaptación local. En cambio, el Gobierno argentino propone una lógica descentralizada, basada en el juicio científico independiente y el respeto a los derechos humanos.
Más allá del caso puntual de la pandemia, lo que está en juego es el modelo de relación entre los Estados nacionales y los organismos supranacionales. El rechazo al acuerdo no es una negación del trabajo conjunto entre países, sino una advertencia sobre los riesgos de ceder libertades fundamentales en nombre de una cooperación mal entendida.
En definitiva, Argentina no se opone a la prevención de pandemias, sino a que la salud sea utilizada como justificación para imponer el miedo, restringir libertades o violar derechos humanos básicos. La decisión marca un rumbo alternativo, donde la protección sanitaria no excluye la defensa irrestricta de la libertad.
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