El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , avanza en una revisión histórica del sistema de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) , que alcanza a más de 1.800.000 beneficiarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD) . En esta auditoría, iniciada en febrero de 2025, se detectaron irregularidades de todo tipo , desde fraudes burdos hasta inconsistencias administrativas que comprometen la legitimidad del sistema.
Las investigaciones apuntan directamente a políticas aplicadas durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández , donde —según los funcionarios actuales— millas de pensiones fueron otorgadas sin sustento médico ni criterio social legítimo , muchas veces como forma de clientelismo político.
Casos insólitos y alarmantes
Entre las anomalías detectadas figuran:
- Certificados falsos por amputaciones inexistentes.
- Radiografías duplicadas en más de 150 expedientes.
- Diagnósticos como “pie plano” o “dolores musculares” utilizados como argumento para acceder al beneficio.
- Internos de instituciones penitenciarias que se presentaron a las evaluaciones.
- Personas fallecidas que siguieron cobrando los $270.000 mensuales, gracias a terceros que continuaban percibiendo el dinero.
- Una mujer que se disfrazó de su esposo para continuar recibiendo el subsidio.
Intimaciones masivas y resultados
La primera etapa del proceso contempló el envío de 470.000 cartas documento , de las cuales solo 248.877 fueron entregadas . Los motivos de no entrega también arrojaron cifras reveladoras:
- El 70% tenía direcciones incompletas o mal declaradas .
- En el 10% , quienes recibieron la carta no conocían al destinatario .
- 928 beneficiarios estaban fallecidos , y alguien más cobraba el beneficio.
- 11.000 personas se mudaron sin notificación nuevo domicilio.
- 3.900 rechazaron la intimidación.
- 100 personas renunciaron voluntariamente al subsidio tras recibir la carta.
Actualmente, hay 224.657 pensiones bajo revisión que podrían ser dadas de baja en el corto plazo. Ya se realizaron 83.616 entrevistas médicas , y hay 128.660 evaluaciones programadas .
Impacto económico y político
Según el equipo del ministro Mario Lugones , el proceso apunta a garantizar que el beneficio llegue solo a quienes realmente lo necesitan , conforme a lo establecido en el decreto 842/2024 . De confirmarse los casos en estudio, el ahorro proyectado para 2025 asciende a 900 mil millones de pesos , es decir, más de 700 millones de dólares , una cifra significativa en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
La auditoría es presentada por el oficialismo como un símbolo de transparencia y eficiencia , pero genera reacciones diversas en sectores políticos y organizaciones vinculadas a la discapacidad, quienes reclaman que no se vulnere el acceso legítimo de quienes realmente necesitan la pensión.
¿Una reestructuración o un ajuste encubierto?
Aunque desde el Gobierno sostienen que se trata de una “limpieza administrativa” necesaria, opositores y especialistas sociales advierten que detrás de la auditoría puede esconderse un recorte masivo encubierto , que afecta también a beneficiarios con necesidades reales. Desde ANDIS remarcan que cada caso se evalúa individualmente y que las bajas serán únicamente por irregularidades comproby que las bajas serán únicamente por irregularidades comprobadas.
Con estas auditorías, el Gobierno de Javier Milei consolida una de sus políticas más polémicas: el reordenamiento de los subsidios sociales , con un enfoque de “dar de baja al privilegio” para conservar “la asistencia a la verdadera vulnerabilidad”.
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