La firme decisión judicial de desalojar a dos comunidades mapuches que desde hace 14 años ocupaban ilegalmente un predio privado en Bahía Huemul, a 35 kilómetros de Villa La Angostura, representa un punto de inflexión en la política nacional respecto al respeto al derecho de propiedad.
El terreno, de 624 hectáreas, perteneciente a María Cristina Broers, fue usurpado en diciembre de 2011 por integrantes de la comunidad Kinxikew y, más tarde, del lof Quintriqueo, a pesar de que Broers contaba con títulos de propiedad legítimos desde 1973. Durante más de una década, la recuperación del terreno se vio trabada por la falta de voluntad política de los gobiernos anteriores, que tendieron a convalidar tomas más que a proteger los derechos de los propietarios.
Un fallo firme en un nuevo contexto político
Ahora, con un Poder Judicial que actúa con mayor celeridad y en un contexto político diferente, el juez Francisco Astoul Bonorino emitió una orden de desalojo contundente, rechazando todos los recursos presentados por la defensa de los ocupantes, liderada por el abogado Luis Virgilio Sánchez de la Gremial de Abogados de la República Argentina. Incluso se estima que la Corte Suprema podría abstenerse de intervenir, facilitando la ejecución del desalojo en las próximas semanas.
La ocupación inicial se produjo de forma violenta: el 27 de diciembre de 2011, un grupo rompió el candado de acceso e ingresó al terreno, invocando una supuesta recuperación territorial amparada en la ley 26.160, que suspende desalojos en relevamientos territoriales previos a 2005. Sin embargo, la aplicación de esta ley fue abusiva en este caso, dado que la ocupación ocurrió años después del límite previsto.
La denunciante, acompañada por un escribano, dejó constancia del ingreso forzado y de la construcción improvisada en el lugar. En uno de los primeros encuentros, Broers fue amenazada con un machete por uno de los ocupantes, quien afirmó que el lote estaba siendo “recuperado”.
Catorce años de fallos favorables y demoras políticas
Durante este largo proceso, nueve jueces dictaminaron a favor de Broers. En 2016, un juez civil de Junín de los Andes ordenó la restitución del inmueble, decisión confirmada por la Cámara de Apelaciones. En 2023, los jueces Alejandra Barroso y Pablo Furlotti ratificaron que las apelaciones mapuches carecían de sustento legal, desestimando el argumento de una supuesta preexistencia familiar desde 1928, jamás documentada.
La defensa de Broers sostiene que la ocupación es «absolutamente ilícita» y que en democracia “nadie puede apropiarse de un terreno por la fuerza”, independientemente de presuntas raíces ancestrales.
Las comunidades anticiparon su resistencia al desalojo y calificaron la orden como «injusta», pero la ley y las sentencias firmes respaldan la restitución inmediata del predio.
La decisión judicial marca un precedente importante en la defensa de la propiedad privada en la Argentina contemporánea, cerrando un capítulo de prolongada impunidad y dejando claro que el respeto al derecho y la legalidad no pueden ser negociables.
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