El caso del juez de Paz Barrial Carlos Hugo Chiama, acusado de acoso laboral y sexual por una secretaria, ha escalado a instancias del Consejo de la Magistratura de Corrientes, que evaluará su posible remoción del cargo. Este procedimiento, titulado “Apertura del Procedimiento de Remoción de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público”, involucra una serie de etapas donde los distintos integrantes del organismo emitirán sus votos para tomar una decisión definitiva.
Cronograma del proceso
El tratamiento del caso seguirá un cronograma establecido:
- 14 de febrero de 2025: Sufragarán los magistrados e integrantes del Ministerio Público.
- 28 de febrero: Emitirán sus votos los representantes de la Fiscalía de Estado.
- 18 de marzo: Será el turno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas.
- 4 de abril: Votará el Colegio de Abogados.
- 7 de abril a las 11:30: Se llevará a cabo la reunión final del Consejo de la Magistratura, donde se evaluarán las posturas y se tomará una resolución con el quórum exigido por la ley.
Antecedentes del caso
La denuncia contra el juez Chiama surgió a raíz de graves acusaciones realizadas por una secretaria de su juzgado, quien detalló situaciones reiteradas de acoso sexual y laboral. Según consta en el expediente, la denunciante describió episodios en los que el magistrado habría intentado tocarla sin su consentimiento y realizar comentarios inapropiados de carácter sexual.
Entre los hechos más graves se encuentra un incidente en el que la secretaria afirmó que, al entregarle un expediente para corregir una firma digital, Chiama la tocó en sus partes íntimas y le sugirió: “¿No querés darle un besito?”. En otra ocasión, según la denunciante, el juez le acomodó la camisa y le puso la mano en el pecho, ante lo cual ella reaccionó rechazándolo tajantemente.
El 31 de octubre de 2023, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ya había sancionado al magistrado imponiéndole una multa equivalente al 30% de su remuneración mensual. Sin embargo, esta medida fue considerada insuficiente por varios sectores, lo que impulsó la apertura del proceso de remoción.
Expectativas sobre la resolución
La decisión final del Consejo de la Magistratura será clave para establecer un precedente en la lucha contra el acoso dentro del ámbito judicial. El caso ha generado un fuerte impacto mediático y social, evidenciando la necesidad de implementar medidas más estrictas para erradicar este tipo de conductas en el sistema judicial.
Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones feministas han expresado su expectativa de que se haga justicia y se envíe un mensaje claro sobre la tolerancia cero ante casos de acoso laboral y sexual. Por su parte, el magistrado no ha realizado declaraciones públicas sobre las acusaciones, mientras que la denunciante se mantiene a la espera de una resolución definitiva que garantice su dignidad y derechos en el ámbito laboral.
El resultado del proceso será observado de cerca no solo en Corrientes, sino en todo el país, como un caso testigo sobre cómo el sistema judicial maneja situaciones de esta índole dentro de sus propias filas.
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