La Cámara de Diputados reactivó esta semana una iniciativa largamente postergada: la reforma del Régimen Penal Juvenil. Con dictamen favorable de la comisión de Legislación Penal, el oficialismo logró abrir la puerta para que se trate en el recinto una reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, en el caso de delitos graves.
El dictamen contó con el respaldo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y parte de Encuentro Federal, lo que garantiza volumen político suficiente para avanzar con el proyecto en el corto plazo. La propuesta responde a una sugerencia directa del Poder Ejecutivo, que busca una respuesta más contundente frente a hechos delictivos cometidos por menores de edad.
El tema, que el año pasado había alcanzado visibilidad mediática pero no avances concretos, vuelve ahora con fuerza, impulsado por un contexto social donde la inseguridad es percibida como uno de los principales problemas. Sin embargo, el debate está lejos de ser unánime. Organizaciones de derechos humanos, sectores del Poder Judicial y especialistas en niñez han manifestado objeciones, señalando que la baja en la edad penal no resuelve el problema estructural y que puede significar una regresión en términos de protección de derechos.
La iniciativa establece que los menores de 14 años seguirán siendo inimputables, mientras que los de entre 14 y 16 solo serán juzgados si cometen delitos considerados “graves”, tales como homicidios, violaciones, secuestros o robos agravados. La letra chica del proyecto y su implementación práctica serán clave para medir el verdadero alcance de esta reforma.
Mientras tanto, el Congreso se prepara para un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo el Estado debe abordar el delito juvenil: ¿con más castigo o con más contención?. El camino elegido puede definir el rumbo de la política criminal argentina en los próximos años.
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