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Avanza un proyecto de ley para bloquear el uso de celulares en cárceles de Corrientes

La iniciativa busca instalar inhibidores de señal y regular estrictamente las comunicaciones telefónicas de los internos, para evitar delitos organizados desde las unidades penitenciarias.

por masquenoticiasesquina
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Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados de Corrientes con el objetivo de restringir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia. La propuesta, presentada por una legisladora provincial del PRO, impulsa la instalación de inhibidores de señal para impedir la comunicación con el exterior mediante dispositivos móviles, y establece un régimen estricto de control sobre las llamadas telefónicas de los internos.

Esta iniciativa no es nueva: ya en 2023 se había presentado un proyecto similar, pero por falta de tratamiento legislativo perdió estado parlamentario. Ahora, con un contexto marcado por el aumento de delitos organizados desde establecimientos penitenciarios en varias provincias, el proyecto vuelve a cobrar relevancia.

Según la normativa propuesta, los internos solo podrán comunicarse con el exterior a través de teléfonos fijos, ubicados dentro de las unidades penales y monitoreados por personal penitenciario. El régimen establece un horario limitado, de 8 a 19 horas, con una duración máxima de cinco minutos por llamada.

Además, se exige que cada comunicación sea registrada. El interno deberá contactar previamente con una operadora del penal, informando nombre, número al que desea llamar, identidad del destinatario y tipo de vínculo (familiar, abogado, representante institucional, etc.). La finalidad declarada es garantizar el control efectivo de las comunicaciones, y al mismo tiempo, respetar el derecho a la reinserción social, según lo expresado en los fundamentos del proyecto.

La legisladora autora de la iniciativa subrayó que «el uso indiscriminado de celulares en las cárceles favorece la planificación de delitos como estafas, extorsiones, amenazas y narcotráfico», por lo que la medida apunta a blindar el sistema penitenciario frente a estas problemáticas.

El proyecto ahora deberá ser tratado en comisión, y se espera que, a diferencia del intento anterior, esta vez logre avanzar en el debate parlamentario, en sintonía con demandas crecientes de seguridad por parte de la sociedad y distintas fuerzas políticas.

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