La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes desestimó la denuncia penal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) contra la empresa avícola Santa Ana, poniendo fin a uno de los episodios más conflictivos del sector agroalimentario correntino en los últimos años.
El organismo sanitario había acusado a la firma de una supuesta falsificación de documentos vinculados a un inexistente caso de influenza aviar en 2023. Sin embargo, quedó demostrado judicialmente que las muestras que habrían motivado la alarma nunca se tomaron, y que no existía rastro alguno del virus en las instalaciones ubicadas en Santa Ana de los Guácaras.
Durante 14 días, la empresa se vio obligada a paralizar su actividad, destruir más de 300.000 huevos y enfrentar un posible cierre definitivo. En ese contexto, los trabajadores acamparon frente al establecimiento para visibilizar lo que consideraban un atropello institucional. La comunidad local también se hizo eco del conflicto, generando una ola de solidaridad con la familia Enciso Piazza, responsable de la firma.
El caso, que tomó trascendencia nacional, derivó en una investigación judicial que finalmente concluyó con un nuevo muestreo autorizado por la Justicia. Las pruebas, procesadas en laboratorios del propio Senasa en Buenos Aires, arrojaron resultados negativos para influenza aviar.
El abogado de la firma, Armado Aquino Britos, confirmó que están trabajando en una demanda por daños económicos contra los funcionarios y profesionales que participaron del fallido operativo. “Tienen que responder por el daño que causaron. Se jugaron 150 fuentes laborales por una negligencia”, afirmó.
Daniel Enciso Piazza, referente de la firma, también habló con el diario época y no ocultó su indignación: “Estuvimos al borde de la extinción. Lo más grave no fue el error, sino la soberbia con la que actuaron. Nadie nos pidió disculpas. Y lo más paradójico es que ese mal momento nos dio visibilidad y reforzó nuestro vínculo con la comunidad”.
La empresa logró sobrevivir, pero el conflicto marcó un antes y un después. Dentro del propio Senasa, el caso provocó una revisión completa de los protocolos para detectar influenza aviar. Desde entonces, se estableció la obligación de realizar entre tres y cuatro pruebas antes de declarar un positivo, se sumaron laboratorios independientes al sistema y se amplió la participación del sector privado en los controles.
“Lo que pasó con Santa Ana sirvió para abrirle los ojos a todo el rubro. Nadie confía más ciegamente en los resultados sin validaciones externas”, explicó Enciso.
Actualmente, la relación con el área de Inocuidad del Senasa se mantiene, pero desde el sector de Sanidad, que lideró la intervención, no hubo ningún intento de reconstruir el vínculo. “Seguimos sin conocer a las nuevas autoridades. No recibimos explicaciones. Para ellos, es como si nada hubiera pasado”, señalaron desde la empresa.
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