El Gobierno australiano inició la aplicación de una ley que restringe el acceso a las plataformas de interacción social para los adolescentes. La medida busca limitar la exposición de los menores a los riesgos del entorno virtual y funciona como un caso testigo para el resto del mundo. Las autoridades apuntan a proteger a los niños de las presiones y peligros de las redes sociales, una preocupación que escala a nivel mundial.
El paso dado por Australia generó un efecto contagio inmediato en la agenda política internacional. Malasia planea imponer restricciones de edad para el uso de plataformas el próximo año, según informó el Daily Star. Indonesia anunció intenciones parecidas a través de declaraciones recogidas por The Jakarta Post, aunque su Ministerio de Comunicaciones considera todavía el límite de edad específico.
Europa observa con atención el experimento oceánico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en septiembre pasado que estaba “inspirada” por la “audaz” política australiana. El bloque continental trabaja en una aplicación móvil de verificación para comprobar si los usuarios superan los 18 años; España, Francia, Grecia, Dinamarca e Italia prueban actualmente esta herramienta.
Urs Gasser, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad Técnica de Munich, proyectó una expansión de estas normativas. “Australia se menciona como fuente de inspiración en algunos de los proyectos de ley para prohibiciones similares en Brasil, el Reino Unido, España, Malasia e Indonesia, por lo que es probable que esta ley tenga muchos seguidores”, afirmó el académico.
Otros países optan por recomendaciones oficiales en lugar de bloqueos legislativos. Los Países Bajos aconsejan a los padres evitar el uso de aplicaciones como Instagram y TikTok antes de los 15 años. El Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte neerlandés advirtió que “el uso intensivo de pantallas y redes sociales puede ser perjudicial para la salud y el desarrollo (mental) de los niños”. En Estados Unidos, un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley a principios de año para fijar la edad mínima de usuario en 13 años.
La industria tecnológica reaccionó con celeridad y argumentos sobre la seguridad y la socialización. Meta, la casa matriz de Instagram y Facebook, emitió un comunicado el jueves pasado para fijar su postura. “Compartimos el objetivo del gobierno australiano de crear experiencias en línea seguras y apropiadas para la edad, pero aislar a los adolescentes de sus amigos y comunidades no es la respuesta”, cuestionó la empresa. La compañía sostuvo que la nueva ley “lamentablemente restringirá a los adolescentes de estos beneficios y resultará en protecciones inconsistentes en las muchas aplicaciones que utilizan”.
YouTube sumó su voz crítica. La plataforma de videos señaló que una “regulación apresurada” hará que “los niños australianos estén menos seguros en YouTube” al eliminar los controles parentales que podrían tener las cuentas de los adolescentes.
Voceros de Unicef Australia indicaron que “los cambios propuestos no solucionarán los problemas que enfrentan los jóvenes en línea”. La comunidad académica advierte sobre la facilidad con la que los nativos digitales pueden evadir los controles. Gasser, de la Universidad Técnica de Munich, expresó su desconfianza: “Soy muy escéptico, no creo que las prohibiciones de este tipo sean particularmente útiles”. El experto añadió: “Es más una reacción de padres y políticos preocupados, pero hay poca evidencia de que funcione”.
Jasmine Fardouly, profesora de psicología de la Universidad de Sidney, escribió que la autodeclaración de edad demostró ser poco confiable. Jennifer Huddleston, del Cato Institute, alertó sobre el impacto en los adultos que desean mantener su anonimato. “La prohibición podría silenciar a los usuarios anónimos”, dijo Huddleston, en referencia a quienes no quieren compartir su identidad o temen una violación de datos en los softwares de verificación.
Mary Chayko, profesora de sociología de la Universidad de Rutgers y autora de Superconnected, recordó que las prohibiciones de actividades arraigadas rara vez funcionan. “La intención detrás de esta prohibición, hacer que internet sea más seguro para los niños, es buena, pero implementarla correctamente es difícil”, analizó.
El gobierno australiano defiende la medida ante el fracaso de los enfoques educativos previos. Anika Wells, ministra de Comunicaciones de Australia, utilizó una metáfora potente para describir la situación actual. La funcionaria dijo que los jóvenes están conectados a un “goteo de dopamina” apenas obtienen teléfonos inteligentes. “Con una ley, podemos proteger a la generación Alpha de ser absorbida por el purgatorio por los algoritmos depredadores”, sentenció Wells.
La administración del primer ministro Anthony Albanese asume el costo político y la vanguardia regulatoria. El mandatario destacó la relevancia global de su decisión. “Nuestra fuerte acción está siendo observada en todo el mundo porque otros líderes con los que he hablado han indicado que aplauden el hecho de que Australia haya tomado esta medida”, concluyó Albanese.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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