La Justicia investiga una presunta maquinaria de recaudación montada con recursos sociales destinados a ayudar a los sectores más vulnerables. La causa, llevada adelante por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, ya ha realizado 27 allanamientos.
La denuncia sugiere que se extorsionó a personas vulnerables con la entrega de mercadería del Estado a cambio de asistir a marchas, bajo amenaza de perder el plan social. Una de las organizaciones señaladas es el Polo Obrero, cuyo líder, Eduardo Belliboni, admitió que puede haber casos de extorsión en las organizaciones sociales, aunque los considera casos aislados.
Belliboni afirmó que la investigación se inició tras una movilización realizada el 20 de diciembre del año pasado, justo después de la asunción de Javier Milei. El Ejecutivo habilitó la línea 134 para que las personas pudieran denunciar anónimamente aprietes de las organizaciones sociales para participar en las movilizaciones. Según él, de los casi 10 mil llamados recibidos, solo 45 personas ratificaron sus denuncias ante la Justicia.
Por otro lado, la fiscalía detalla que desde que se habilitó la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación para denunciar extorsiones de organizaciones piqueteras a beneficiarios de planes sociales, se recibieron 13.310 llamadas. De estas, se pudieron atender 2.720 y se confirmaron 924 denuncias, distribuidas en todo el país.
Belliboni defendió a su organización, afirmando que “puede ser que ocurra en un caso, pero eso no muestra ninguna estructura piramidal”. Aseguró que se presentarán ante la Justicia para discutir cada caso y que impugnarán los allanamientos que consideren injustificados.
Los allanamientos se llevaron a cabo tras una resolución de la Sala I de la Cámara Federal que ordenó avanzar con las investigaciones. Las órdenes recayeron sobre dirigentes y militantes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), de Barrios de Pie y de otras organizaciones menores.
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