El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la elevación a juicio oral y público del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni , y otras 17 personas acusadas de extorsión a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y defraudación al Estado .
En un extenso dictamen de 279 páginas , presentado ante el juez federal Sebastián Casanello , Pollicita afirmó que la investigación reveló una «compleja matriz delictiva» mediante la cual la organización habría presionado a millas de personas en situación de vulnerabilidad para entregar parte del dinero recibido del Estado.
Control de aviones sociales y recaudación ilegal
Según la fiscalía, hasta febrero de 2024 el Polo Obrero manejaba 65.000 aviones sociales y retuvo una porción de esos fondos, logrando recaudar más de 313 millones de pesos en solo seis meses .
Los testimonios y pruebas recolectadas indicarían que la organización impuso un esquema de extorsiones y amenazas , exigiendo aportes compulsivos a los beneficiarios, quienes debían entregar parte de su dinero bajo la amenaza de ser expulsados del programa o perder otros beneficios.
Fraude con facturas falsas
Además de la coerción, los imputados enfrentan acusaciones por defraudación al Estado . La fiscalía sostiene que el Polo Obrero desvió fondos asignados por el ex Ministerio de Desarrollo Social para programas de formación laboral mediante facturas apócrifas que simulaban gastos inexistentes.
Más de un centenar de comprobantes fraudulentos fueron detectados en la investigación, los cuales habrían sido utilizados para justificar desembolsos de dinero que nunca fueron destinados a su propósito original.
El origen de la investigación y los próximos pasos.
La causa se inició en diciembre de 2023 , cuando el Gobierno de Javier Milei habilitó una línea de denuncias anónimas para que beneficiarios de planos sociales reportaran presiones o extorsiones por parte de organizaciones piqueteras.
Varios testimonios bajo identidad reservada confirmaron la existencia de coerción para asistir a marchas y movilizaciones, en especial la del 20 de diciembre , que conmemora la crisis del 2001.
Ahora, el juez Sebastián Casanello deberá decidir si eleva la causa a juicio oral , lo que podría llevar a Belliboni y los demás acusados a enfrentar cargos de extorsión y fraude contra el Estado , delitos que conllevan penas de prisión.
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