En un giro que redefine el rol de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó el martes 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone un impuesto del 30% sobre las donaciones internacionales, prohíbe los fondos de origen anónimo, y otorga al presidente Nayib Bukele la potestad de interpretar y reglamentar su aplicación.
Impulsada directamente por el Ejecutivo y avalada por la bancada oficialista Nuevas Ideas, la ley fue votada sin respaldo de la oposición, y entrará en vigor ocho días después de su publicación oficial. Consta de 25 artículos que incluyen la obligación de registro estatal, autorizaciones previas para cada actividad, y sanciones económicas de hasta 200.000 dólares, con posibilidad de clausura para las organizaciones que no cumplan con las disposiciones.
Uno de los puntos más controversiales es el artículo 20, que habilita al presidente a emitir reglamentos adicionales sin pasar por el Congreso: “El presidente podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios”, indica el texto legal. Este grado de discrecionalidad ejecutiva encendió las alarmas de organismos internacionales y defensores de los derechos civiles.
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó duramente la medida: “Es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico. Atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra el respeto a la libertad de asociación y de expresión”.
En la misma línea, Human Rights Watch (HRW) denunció que la normativa emula prácticas autoritarias de países como Rusia y Nicaragua: “Estas leyes se han utilizado para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y a los medios independientes. Etiquetan como agentes extranjeros a las organizaciones financiadas internacionalmente, imponiendo requisitos burocráticos onerosos y promoviendo la censura”.
Desde el oficialismo, en cambio, la ley se presenta como una medida de transparencia financiera, soberanía institucional y protección ante injerencias externas. El Ejecutivo argumenta que es necesario controlar el flujo de fondos internacionales y evitar que se utilicen con fines políticos o desestabilizadores.
Organizaciones sociales, entidades de cooperación y observadores internacionales advierten que esta medida restringe severamente el espacio cívico, amenaza la labor humanitaria y educativa en el país, y debilita el tejido democrático al someter a las ONG a un régimen de vigilancia y sanción constante.
La aprobación de esta ley marca un nuevo capítulo en el proceso de concentración de poder que vive El Salvador, donde las instituciones democráticas y la sociedad civil enfrentan crecientes obstáculos para ejercer su labor con autonomía.
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