En el marco del juicio por la desaparición del menor Loan Danilo Peña (5), los abogados defensores de dos de los siete procesados, Daniel Oscar «Fierrito» Ramírez (49) y Mónica del Carmen Millapi (36), presentaron apelaciones ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, señalando inconsistencias en la resolución emitida por la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo.
Los letrados Jorge Montti y Marcelo Hanson argumentaron que el procesamiento de sus defendidos se basa en una interpretación «arbitraria» y carente de pruebas sólidas, lo que calificaron como una «omisión de pruebas positivas contundentes».
Críticas a la resolución judicial
En un documento de más de 1.000 páginas, la jueza Pozzer Penzo procesó a Ramírez, Millapi y otros cinco implicados bajo la acusación de «sustracción de un menor de 10 años». Sin embargo, los abogados defensores sostienen que la magistrada no detalló cómo se habría perpetrado el delito, ni explicó el papel específico de los acusados en la supuesta maniobra delictiva.
Montti y Hanson señalaron que la resolución omite consideraciones clave, como las declaraciones de los testigos, las reconstrucciones realizadas y las pruebas exculpatorias. En particular, enfatizaron que los testimonios y cámaras gesell de los menores presentes en el lugar del hecho no mencionan ni incriminan a Ramírez y Millapi.
Además, cuestionaron que no se haya investigado una supuesta coartada presentada por Ramírez, vinculada a la hospitalización de su hermano durante el período en cuestión. Según los defensores, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la jueza no verificaron esta información, dejando la carga investigativa en manos de la defensa.
Posición de la defensa
Los abogados calificaron el procesamiento como «endeble» y afirmaron que no existen pruebas ni indicios razonables que justifiquen la prisión preventiva de sus defendidos. Argumentaron que el procesamiento vulnera los derechos constitucionales de los acusados, al basarse únicamente en «sospechas» y «suposiciones».
En cuanto a la figura de la jueza Pozzer Penzo, Montti y Hanson denunciaron que su resolución carece de fundamento probatorio sólido y se sustenta en una «interpretación subjetiva de los hechos». Por ello, solicitaron que la Cámara Federal revise y revoque el procesamiento.
El rol de la Cámara Federal de Apelaciones
El caso será evaluado por los jueces Ramón González, Mirta Sotelo y Selva Spessot, quienes históricamente han mostrado posturas críticas hacia la labor de Pozzer Penzo, llegando incluso a denunciarla ante el Consejo de la Magistratura. La Cámara tendrá la tarea de determinar si las pruebas y fundamentos presentados por la jueza son suficientes para sostener el procesamiento o si corresponde el sobreseimiento de los imputados.
Contexto y acusados
Además de Ramírez y Millapi, el procesamiento incluye a:
- Bernardino Antonio Benítez (38)
- Laudelina Peña (46)
- María Victoria Caillava (53)
- Carlos Guido Pérez (63), ex capitán de navío
- Walter Adrián Maciel (44), comisario acusado también de encubrimiento agravado.
La resolución otorgó prisión domiciliaria a Millapi, quien actualmente reside en Neuquén, mientras los demás acusados permanecen detenidos.
Conclusión
El caso Loan Peña sigue siendo uno de los más controvertidos y complejos del sistema judicial argentino, combinando acusaciones graves, cuestionamientos a la labor judicial y un entramado de pruebas que hasta el momento no parecen suficientes para esclarecer el hecho. La decisión de la Cámara Federal será crucial para determinar el futuro procesal de los imputados y la dirección del caso.
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