El Gobierno nacional clausuró este miércoles el bar cultural “Un café con Perón”, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, dentro del edificio del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. La medida fue ejecutada por el Ministerio de Capital Humano, que revocó la concesión del espacio y ordenó su desalojo inmediato.
La acción se concretó cuatro días después de una toma violenta del edificio, protagonizada por el dirigente de izquierda Juan Grabois, quien irrumpió en el lugar junto a militantes en rechazo al cierre del instituto. El episodio culminó con un operativo policial que desalojó a los ocupantes y con la detención de Grabois, que fue liberado horas después.
“La ley se cumple”, escribió en sus redes la ministra Sandra Pettovello, quien acompañó el mensaje con un video mostrando el procedimiento de clausura. Allí se observa cómo personal coloca las fajas oficiales mientras un empleado reconoce: “Los papeles no los tenemos”.
El espacio clausurado funcionaba como bar temático y centro de actividades culturales vinculadas al peronismo. Desde sus redes sociales, el equipo del bar denunció el cierre como una medida arbitraria y dañina para decenas de familias que allí trabajaban:
“Mientras Pettovello se regodea publicando imágenes de la clausura, 30 familias se quedaron sin su fuente de ingreso, perdiendo sus puestos de trabajo”.
Además, cuestionaron duramente a la ministra y reafirmaron su compromiso político:
“Les pedimos que nos sigan apoyando. ¡No nos han vencido!”, escribieron.
El Gobierno venía anticipando esta decisión. El pasado 7 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni ya había declarado públicamente que el Instituto Juan Domingo Perón iba a ser disuelto, junto con la comisión permanente nacional de homenaje al expresidente.
“Va a dejar de existir el Instituto Nacional Juan Domingo Perón”, dijo Adorni, señalando que su mantenimiento implicaba un gasto de aproximadamente 400 millones de pesos anuales.
Con la clausura, el Ejecutivo resolvió también la desvinculación de 24 trabajadores, y transfirió el control del edificio y sus bienes al Ministerio de Capital Humano. El conflicto sigue escalando, con denuncias cruzadas y una fuerte reacción de sectores afines al kirchnerismo y al peronismo tradicional.
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