El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes la disolución definitiva de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo histórico que será reemplazado por una nueva estructura de gestión centrada en la eficiencia, el ahorro y la transparencia. La medida, que forma parte del plan de reestructuración profunda del Estado, prevé la reasignación de funciones al Ministerio de Economía y la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La decisión responde a una evaluación crítica sobre el funcionamiento de Vialidad Nacional, que según datos oficiales, acumulaba más de 5.180 empleados, de los cuales el 67% se dedicaba a tareas administrativas. Al mismo tiempo, muchas de sus funciones operativas ya se encontraban tercerizadas, con mejores niveles de cumplimiento y menores costos. A esto se suma que la red nacional bajo su responsabilidad se redujo a 40.000 km, mientras las redes provinciales superan los 200.000 km.
Con esta reestructuración, el Estado estima un ahorro anual de 87,9 millones de dólares, producto de la eliminación de estructuras burocráticas ineficientes, la reducción de personal innecesario y la simplificación administrativa. Además, se derogará el Decreto-Ley N.º 505/1958 que regía la actividad vial, transfiriendo las competencias de la extinta DNV a la cartera de Economía y a la Secretaría de Transporte.
El nuevo esquema divide tareas con precisión: el Ministerio de Economía asumirá el diseño, planificación, conservación y mantenimiento de la red vial nacional no concesionada, mientras que la Agencia de Control se ocupará de fiscalizar los contratos de concesión vial y ferroviaria. Esta última tendrá carácter independiente y estará orientada a profesionalizar la supervisión de los servicios públicos de transporte, cerrando así una etapa marcada por el solapamiento de funciones y la falta de controles efectivos.
El diagnóstico del Gobierno también expuso serias fallas estructurales: equipos subutilizados, contratos auditados por los propios contratistas y procesos administrativos desactualizados que encarecían los proyectos. Con esta transformación, el Ejecutivo busca no solo reducir el gasto público, sino también generar un cambio de paradigma en la gestión vial argentina.
La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad es uno de los pasos más significativos del plan de reforma estatal de Milei, que apunta a recortar privilegios, modernizar estructuras y trasladar la eficiencia del sector privado a la obra pública.
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