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Condenan a 11 años de prisión al cura veterocatólico Juan Ramón López por abuso sexual a una menor

El religioso de Goya admitió los hechos y aceptó la pena en un juicio abreviado. La fiscalía logró la prisión preventiva inmediata tras una denuncia por violación agravada en perjuicio de una niña de 12 años.

por masquenoticiasesquina
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Juan Ramón López, un sacerdote perteneciente a la Iglesia Católica Antigua o veterocatólica, fue condenado a 11 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra una menor de 13 años. La sentencia fue dictada tras un juicio abreviado, en el que el acusado reconoció su culpabilidad.

Los abusos ocurrieron entre 2021 y 2022, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. Según determinó la investigación, López se valió de su rol como ministro religioso y responsable educativo de la víctima para cometer los ataques sexuales, que se produjeron de manera reiterada mientras le impartía clases de guitarra en su domicilio, lugar donde también funcionaba su congregación, conocida como San Benito Abad.

La fiscal del caso, María Eugenia Ballará, explicó que la denuncia fue presentada por la madre de la niña, quien se animó a relatar los hechos cuatro años después de ocurridos. «Recibimos una denuncia por parte de la madre de una niña de 12 años, donde Juan Ramón López, ministro del culto San Benito Abad, la había accedido carnalmente en su propia vivienda», señaló la fiscal en diálogo con Radio Dos.

El imputado aceptó voluntariamente no ir a juicio oral y admitió tanto los hechos como las dos agravantes que se le imputaban: ser ministro de un culto religioso y tener a su cargo la educación de la víctima.

El Juez de Garantía Lucio López Lecube avaló el pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva inmediata del condenado, quien fue detenido al finalizar la audiencia. La carátula del caso incluye el delito de “abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 13 años, agravado por ser ministro de un culto y encargado de la educación de la víctima”, cometido en modalidad de delito continuado.

La condena, además de cerrar una etapa judicial, expone una vez más la necesidad de profundizar los controles sobre quienes ejercen liderazgo religioso o educativo, particularmente en contextos donde existe asimetría de poder y vulnerabilidad infantil.

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