El monto fijado corresponde a la retribución mínima de un maestro de grado común con jornada simple y sin antigüedad, y fue propuesto por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación (CFE) el pasado 10 de marzo. La resolución lleva la firma de Carlos Torrendell, secretario de Educación.
El Gobierno justificó la decisión en el marco del acuerdo alcanzado durante la 139° Asamblea del Consejo Federal de Educación, celebrada el 12 de febrero. Desde el Ejecutivo remarcaron que la medida garantiza que ningún docente cobre por debajo de este umbral, aunque los gremios insisten en que el ajuste no compensa la inflación ni la pérdida de poder adquisitivo.
El reclamo por el Fonid y el descontento sindical
Uno de los principales reclamos de Ctera y otros gremios es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que permitía al Gobierno nacional financiar una porción del salario de los docentes en las provincias. La eliminación de este fondo ha generado fuertes críticas y protestas, ya que las jurisdicciones deben absorber el costo salarial con recursos propios, lo que pone en riesgo el cumplimiento del nuevo piso salarial.
La última actualización del sueldo docente había sido en julio de 2024, cuando el salario mínimo se fijó en $420.000. Con la nueva resolución, el incremento es del 19%, un porcentaje que los gremios consideran insuficiente frente a la inflación acumulada en los últimos meses.
Paro nacional universitario y crisis en la educación superior
Mientras el conflicto en el nivel inicial y secundario sigue en aumento, los docentes universitarios realizaron un paro nacional el pasado lunes y martes en reclamo por la falta de actualización salarial y los recortes en el presupuesto de las universidades.
En 2024, el Gobierno había otorgado una actualización del 270% en los salarios docentes universitarios, primero a la UBA y luego al resto de las casas de estudio. Sin embargo, rectores y gremios advierten que los fondos están nuevamente desactualizados, lo que agrava la crisis en el sector.
Además, los recortes en investigación, la reducción de becas y la paralización de obras de infraestructura han generado un profundo malestar en el ámbito académico. Con las becas congeladas desde agosto y sin un llamado a paritarias para discutir aumentos, la tensión entre el Gobierno y el sector educativo sigue escalando, dejando abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.
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