El conflicto y las acciones del Gobierno
En una medida que genera tensiones políticas y sociales, el Gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof decidió desvincular y denunciar penalmente a 18 efectivos de la Policía Bonaerense por organizar protestas en demanda de mejoras salariales y laborales. Los agentes prestaban servicio en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero y fueron acusados judicialmente de sedición, un delito que, según el Ejecutivo, atenta contra el orden constitucional.
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense afirmaron: «Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente. La policía es policía por decisión y sabe que no puede accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución».
El gobierno argumentó que, al ser empleados estatales, los efectivos policiales no tienen permitido realizar reclamos salariales de forma independiente. Cualquier mejora en sus haberes, explicaron, debe ajustarse a la paritaria general que regula los ingresos de los trabajadores públicos. Sin embargo, el reciente aumento del 9% para febrero y marzo, acordado con sindicatos estatales y docentes, fue calificado como «insuficiente» por los agentes, quienes aseguran que no cubre el costo de vida.
Demandas de los agentes y respuesta oficial
Los policías disidentes reclaman un incremento del 100% en el salario básico, mejoras en la cobertura médica de IOMA, convenios con clínicas privadas y la posibilidad de desempeñar funciones dentro de una radio de 50 km de su domicilio, entre otros puntos. También exigen que no se apliquen sanciones a quienes participen en las manifestaciones.
Las protestas organizadas a través de redes sociales han sido minimizadas por el entorno del ministro de Seguridad, Javier Alonso: «El mismo perfil de Facebook convocó una movilización para el 6 de febrero y no pasó nada» . Sin embargo, el documento con las demandas de los agentes sigue circulando, evidenciando un malestar latente dentro de la fuerza.
Un conflicto con antecedentes
Las protestas policiales en Buenos Aires no son un fenómeno nuevo. Durante la pandemia, en septiembre de 2020, aproximadamente 1.200 efectivos se sumaron a una manifestación que llegó incluso a la residencia del gobernador Axel Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos.
En aquel momento, el gobierno nacional, encabezado por Alberto Fernández, decidió crear el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, transfiriendo recursos desde la Ciudad de Buenos Aires para desactivar la crisis. Esto permitió un aumento salarial que Kicillof anunció en conferencia de prensa.
Sin embargo, desde entonces, el conflicto ha persistido. El Ministerio de Seguridad, bajo la gestión actual, asegura que se han tomado drásticas contra los efectivos que participan en este tipo de protestas: «Cuando detectamos medidas un policía que está fuera de la ley lo echamos. De la protesta en 2020 fueron echados los 1.200 policías».
Tensión en la fuerza y desafíos para el Gobierno
El conflicto con la Policía Bonaerense pone en evidencia la fragilidad de una fuerza de seguridad que, según sus propios integrantes, enfrenta problemas estructurales de financiamiento y condiciones laborales deficientes.
Mientras tanto, el gobierno de Kicillof enfrenta el desafío de garantizar la seguridad pública en la provincia más grande del país, al tiempo que intenta contener el malestar de una fuerza clave para el orden social.
Este episodio revive la discusión sobre la relación entre el Estado y las fuerzas de seguridad, dejando preguntas abiertas sobre cómo equilibrar las demandas de los agentes con el cumplimiento de la ley y el respeto al orden institucional.
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