La derogación de la Ley 26.160 y el fin de la emergencia territorial indígena, decretado esta semana por el Gobierno de Javier Milei, ha intensificado las tensiones con comunidades mapuches de Neuquén y Río Negro. Las agrupaciones amenazan con endurecer sus reclamos y alertan sobre posibles conflictos sociales y territoriales.
Amenazas y reacciones
Durante una protesta en Neuquén, la Confederación Mapuche exigió al gobernador Rolando Figueroa que suspenda concesiones petroleras en territorios comunitarios sin consulta previa. Jorge Nahuel, líder del movimiento, calificó la derogación como «una provocación» y advirtió que «puede generar enfrentamientos que lamentaremos todos».
En Río Negro, comunidades mapuches señalaron que la decisión presidencial facilita desalojos y el uso de la fuerza. «El gobierno busca reprimirnos y entregar nuestras tierras a capitalistas», afirmaron.
Conflictos en territorios estratégicos
La controversia incluye disputas en áreas de gran relevancia económica, como Vaca Muerta, donde se acusa a las comunidades de oportunismo. Fuentes del gobierno sostienen que «en muchos de los territorios reclamados no había asentamientos hasta que el desarrollo petrolero comenzó».
Un caso emblemático es el de la comunidad Paicil Antriao, que bloquea la construcción de la ruta de Circunvalación en Villa la Angostura, buscando indemnizaciones por expropiación y nuevos lotes fiscales.
El impacto del Decreto 1083/2024
La decisión de derogar la Ley 26.160 y el Decreto 805/2021 fue justificada por el gobierno como una necesidad de poner fin a «abusos del sistema» y a un «relevamiento territorial incompleto que intensificó los conflictos».
El Ejecutivo sostiene que la normativa, vigente desde 2006, promovió la inscripción de comunidades indígenas sin cumplir los requisitos necesarios, creando inseguridad jurídica y afectando el desarrollo económico.
El dilema de los derechos indígenas
La Confederación Mapuche calificó la medida como «un acto de regresión» en los derechos de los pueblos originarios y destacó la importancia de la consulta previa y el reconocimiento territorial.
Por su parte, el gobierno de Milei argumenta que la medida restablece el equilibrio entre derechos individuales y colectivos, permitiendo avanzar en proyectos económicos estratégicos sin la carga de conflictos territoriales prolongados.
Un futuro incierto
Con la derogación de la emergencia territorial, el panorama en la Patagonia y otras regiones afectadas se torna incierto. Mientras las comunidades indígenas endurecen su postura, el gobierno avanza con un enfoque de «recuperación de la soberanía».
El desafío radica en encontrar un punto de equilibrio que permita el desarrollo económico sin exacerbar tensiones sociales y culturales que podrían derivar en enfrentamientos mayores.
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