En una medida que ha generado una oleada de críticas y reacciones en Argentina, el gobierno liderado por Javier Milei anunció la venta de terrenos en poder del Estado, entre los que figuran sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar. La decisión, que se formalizó mediante el decreto 950 y cuya ejecución es gestionada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), incluye propiedades de alto valor simbólico e histórico, lo que ha movilizado a organismos de derechos humanos y provocado fuertes cuestionamientos.
La Perla chica y el RI9, entre los terrenos en venta
Uno de los terrenos que encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos es el conocido como “La Perla chica”, ubicado en Córdoba. Este sitio formó parte de un conjunto de centros de detención que integraban la estructura represiva en el país, y su inclusión en el listado de propiedades en venta ha sido interpretada como una negación de la memoria del terrorismo de Estado. Junto a él, también figura en la lista el exRegimiento de Infantería 9 (RI9) de Corrientes, identificado y señalizado oficialmente como sitio de memoria debido a su rol en la represión en la región mesopotámica durante la dictadura.
Aunque el decreto 950 no menciona explícitamente al RI9, el terreno aparece en la web de la AABE como una subasta futura, lo cual abrió una posibilidad para la venta. Esta propuesta ya había sido evaluada y detenida en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando una medida cautelar evitó que el terreno fuera vendido para proyectos inmobiliarios.
El decreto 950 y la crisis fiscal como argumento
El decreto 950, firmado por Milei y el jefe de la AABE, Guillermo Francos, selecciona 309 terrenos que el gobierno considera “ociosidades costosas” para el Estado, argumentando que el país no puede afrontar el gasto que implica mantener estos terrenos sin un uso productivo. Según el gobierno, estos inmuebles, distribuidos en varias provincias, representan una carga económica que no corresponde mantener en el contexto de crisis actual. En palabras del propio Poder Ejecutivo, los ingresos derivados de la venta de estos inmuebles contribuirían a la “recuperación fiscal” de la economía.
Reacción de los organismos de derechos humanos
Organizaciones como la Red Nacional de H.I.J.O.S y otros grupos de derechos humanos han rechazado enérgicamente la medida, señalando que la venta de sitios de memoria es un intento de banalizar el terrorismo de Estado y borrar la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad. La presidenta de H.I.J.O.S. Córdoba, en declaraciones recientes, calificó la medida como un acto de “negación de la memoria, de banalización del horror”, enfatizando que estos sitios no son “terrenos ociosos”, sino lugares que representan la historia de lucha por los derechos humanos y la justicia en el país.
Asimismo, el debate ha llegado a los tribunales. En las próximas horas se espera que los organismos de derechos humanos presenten acciones judiciales para frenar el avance de las subastas de estos terrenos.
El desafío de la memoria histórica en tiempos de ajuste
La posible venta de terrenos como La Perla chica y el RI9 ha puesto de relieve la tensión entre la memoria histórica y las decisiones políticas en tiempos de crisis fiscal. A medida que el gobierno de La Libertad Avanza avanza en su estrategia de reducción del déficit, enfrenta un desafío en el equilibrio entre las necesidades financieras y el respeto a la memoria histórica. La postura adoptada por el Poder Ejecutivo ha sido de priorizar la eficiencia económica, aunque esto implique decisiones controversiales sobre terrenos de gran valor simbólico.
El conflicto sobre la venta de estos terrenos podría escalar, generando un debate no solo sobre la economía sino también sobre los valores y la identidad colectiva de Argentina. Para los organismos de derechos humanos, estos sitios son espacios fundamentales para la educación y la conciencia pública sobre la historia del país, mientras que el gobierno defiende la medida como parte de una política de austeridad fiscal que, en su visión, es imprescindible para superar la crisis actual.
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