El fallo y la postura del gobernador.
La resolución del juez Huaiquil obliga a la obra social a cubrir una serie de intervenciones quirúrgicas estéticas, incluyendo feminización facial, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas, cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial. Según Torres, esta orden judicial compromete la estabilidad financiera del sistema de salud provincial, ya que su costo supera el de tratamientos oncológicos.
En sus redes sociales, el gobernador expresó su rechazo categórico al fallo, argumentando que la provincia no puede asumir gastos que no sean prioritarios dentro del esquema de salud pública. «No vamos a permitir que un juez ideologizado y populista provoque el colapso de nuestra obra social», afirmó Torres, quien recordó que al asumir su gestión encontró a SEROS con un déficit de más de 6.000 millones de pesos.
Revisión de amparos y antecedentes de fraude en la obra social
Además de la denuncia contra el magistrado, el gobernador anticipó que su administración revisará otros amparos judiciales que obligan a la obra social a cubrir prestaciones que, en su criterio, no deben ser asumidas por el Estado provincial.
Esta postura se enmarca en una serie de medidas de control impulsadas por el gobierno chubutense, entre las que se incluyen investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro de SEROS. Semanas atrás, Torres anunció la intervención del instituto tras detectar fraudes que implicaban la falsificación de recetas, firmas y estudios médicos por parte de algunos prestadores.
Según la auditoría médica realizada, una psiquiatra habría facturado consultas a afiliados que nunca atendió y prescripto medicamentos innecesarios, generando un perjuicio económico de aproximadamente un millón de pesos. La causa fue caratulada como defraudación a la administración pública y falsificación de instrumento, entre otros delitos.
Debate sobre la cobertura de salud y la judicialización del sistema
El caso abre un debate más amplio sobre los alcances de la cobertura de salud en el ámbito público y la intervención del Poder Judicial en la definición de prioridades presupuestarias. Mientras que algunos sectores sostienen que el acceso a tratamientos de adecuación de género es un derecho respaldado por la Ley de Identidad de Género, otros advierten sobre el impacto económico de estas medidas y la sostenibilidad del sistema sanitario.
En este contexto, la denuncia de Torres contra el juez Huaiquil no solo es un acto de confrontación institucional, sino que también refleja una disputa de fondo sobre el rol del Estado en la cobertura de tratamientos médicos y el equilibrio entre derechos individuales y viabilidad financiera.
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