El sistema penitenciario de Córdoba enfrenta un delicado y controvertido caso que evidencia los desafíos de la inclusión de personas transgénero en cárceles específicas según su identidad autopercibida. Gabriel Fernández, quien en 2018 declaró su identidad de género femenina, es actualmente «Gabriela» y enfrenta acusaciones de violencia de género, abuso sexual y amenazas, delitos cometidos tanto antes como después de su cambio de género legal.
Desde su primer ingreso a prisión en 2016, Fernández acumuló un historial de violencia hacia sus parejas. Tras autopercibirse mujer en 2018 y ser trasladada a un pabellón femenino, la situación se tornó aún más compleja: denuncias de abuso sexual a compañeras de celda y la noticia de un embarazo producto de estos episodios llevaron a que las autoridades revisaron el contexto de su reclusión. .
Complejos desafíos legales y derechos en tensión
El caso ha abierto un debate sobre los derechos de las personas transgénero dentro del sistema penitenciario y cómo equilibrarlos con la seguridad de otros internos. Los Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies destacaron la necesidad de «protección de los derechos tanto de la imputada como de las reclusas», señalando que «en el intento de proteger los derechos de Fernández, se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres». El tribunal decidió su traslado a un «espacio especial» para resguardar a los demás internos y ordenó una prisión preventiva en espera de un juicio oral por abuso y violencia de género.
Repercusiones y respuestas en el sistema penitenciario
La situación ha llevado al Servicio Penitenciario de Córdoba a revisar las políticas de alojamiento para personas transgénero, evaluando cómo mejorar los protocolos en casos como el de Fernández. En paralelo, el informe de seguridad del 10 de octubre describió que «Fernández ha sido un referente negativo en el pabellón de mujeres», usando su identidad de género para intimidar y someter a sus compañeras.
Este caso se compara con el de Karen White en el Reino Unido en 2019, donde el sistema penitenciario desarrolló unidades específicas para personas transgénero luego de que White, una mujer trans, abusara de otras internas. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de políticas penitenciarias capaces de respetar derechos sin poner en peligro la integridad de otros reclusos.
En definitiva, el caso Fernández plantea preguntas urgentes sobre los protocolos de reclusión de personas transgénero y expone las limitaciones del sistema penitenciario para adaptarse a esta realidad en el marco del respeto.
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