El presidente de la Cooperativa San Francisco, la mayor productora de cítricos en el sur de Corrientes, ha denunciado una preocupante connivencia entre sectores políticos, policiales y judiciales en la región, tras el cese de violentos asaltos que asolaron a los productores locales el año pasado. Este empresario, que representa a una de las entidades más importantes de Monte Caseros, destacó que la seguridad en la zona mejoró notablemente luego de las protestas y movilizaciones que impulsaron los trabajadores, pero advirtió que las bandas responsables de los delitos simplemente dejaron de operar, sin que se haya logrado llevar a los culpables ante la justicia.
“Esas bandas dejaron de operar, no es que estén presas. Indudablemente teníamos razón, acá había una connivencia política, policial y judicial con los delincuentes”, afirmó el productor, subrayando la gravedad de la situación. Sus declaraciones se suman a una creciente preocupación por los efectos negativos que la inseguridad y la falta de mantenimiento de rutas provinciales están teniendo en la economía del interior de la provincia de Corrientes.
La Cooperativa San Francisco, que juega un papel crucial en la producción de cítricos en la región, ha sido una de las más afectadas por la ola de robos y asaltos que se desató entre 2022 y principios de 2023. Según el presidente de la cooperativa, las marchas y reclamos realizados durante ese período lograron cambiar la situación, ya que se produjo un recambio en la cúpula policial de la zona y se exigió una mayor acción por parte de las autoridades judiciales. “Desde las marchas del año pasado se mejoró porque se cambió a toda la cúpula policial de la zona y también se movieron un poco más los funcionarios judiciales. Ya no tenemos asaltos en nuestras casas”, señaló.
La situación de inseguridad no solo generó un clima de miedo y desconfianza entre los productores, sino que también tuvo un impacto directo en la producción agrícola. Muchos productores se vieron obligados a abandonar sus propiedades en Monte Caseros y trasladarse a las ciudades en busca de mayor seguridad. El productor recordó: “Por esos permanentes asaltos como el mal estado de los caminos en Monte Caseros, muchos productores optaron por irse a vivir a la ciudad. Después de nuestros reclamos, cambio mucho, hace más de un año eso cambió”.
Este éxodo de productores no solo afectó a las familias directamente involucradas, sino que también complicó la logística y la producción agrícola en una región que depende fuertemente del sector citrícola. “Eso también hace compleja la situación de la producción y algunos funcionarios le echaban la culpa al productor y son personas que deberían estar para cuidarnos. Decían que la culpa de que nos roben era porque nosotros vendíamos y teníamos plata en nuestras casas”, agregó.
La denuncia de connivencia político-policial es grave y refleja un problema estructural en la región. Según el titular de la Cooperativa San Francisco, la falta de detenciones y la continuidad de las bandas delictivas fuera de las rejas sugieren que los cambios realizados en las fuerzas policiales y judiciales fueron superficiales. “Las bandas que robaban y asaltaban dejaron de operar porque se les rompió el sistema que tenían, no están presas. Entonces teníamos razón nosotros: había una connivencia político, policial y judicial”, sentenció.
Las protestas que ocurrieron entre febrero y marzo de 2023 en Monte Caseros y Mocoretá, dos localidades limítrofes con la provincia de Entre Ríos, fueron un punto de inflexión en la lucha por la seguridad en la región. Las movilizaciones de los trabajadores y productores lograron generar cambios en las comisarías locales y llamar la atención sobre un problema que hasta entonces había sido ignorado por las autoridades provinciales, ubicadas a casi 500 kilómetros de distancia en la capital provincial.
Aunque la situación ha mejorado en términos de seguridad, el camino hacia la justicia y la transparencia en la región aún está lejos de completarse. La denuncia de una posible connivencia entre delincuentes y autoridades plantea preguntas serias sobre la integridad de las instituciones locales y subraya la necesidad de una intervención más profunda y efectiva por parte del gobierno provincial y nacional para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y productores de Corrientes.
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