En Gobernador Virasoro, Corrientes, una mujer que había solicitado la tarjeta social “Mamá Mbareté” descubrió que otra persona intentaba usar su beneficio. Este programa, gestionado por los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Humano, otorga $23.000 mensuales para alimentos y medicamentos a embarazadas sin cobertura social en situación de vulnerabilidad. Aunque la solicitante nunca recibió la tarjeta, se enteró a través de una conocida que otra mujer intentaba hacer compras con sus datos en un supermercado. Tras denunciar el caso, las autoridades del hospital local confirmaron que la tarjeta fue retirada en julio.
La persona denunciada sería una funcionaria del hospital, lo que ha generado una fuerte respuesta pública. El Concejo Deliberante de Virasoro pidió explicaciones a las autoridades del Hospital Miguel Sussini para aclarar las circunstancias del presunto fraude, en una sesión programada para el 31 de octubre.
Casos similares: extracciones masivas de tarjetas de débito en Corrientes y Buenos Aires
Un incidente similar ocurrió en la ciudad de Corrientes en septiembre, cuando dos empleados municipales fueron sorprendidos en un cajero automático con 42 tarjetas de débito y cerca de $1.700.000 en efectivo. Según fuentes policiales, los detenidos se presentaron como prestamistas y empleados municipales. La causa no ha mostrado avances significativos desde entonces.
Un caso adicional que ilustra el problema fue el de Julio “Chocolate” Rigau, un puntero político del PJ en La Plata, Buenos Aires. En septiembre de este año, Rigau fue descubierto haciendo extracciones de numerosas tarjetas de empleados de la Legislatura bonaerense. La fiscal Betina Lacki pidió la prisión preventiva de Rigau, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario. En su domicilio se encontraron documentos relacionados con 25 personas y 48 tarjetas de débito.
Repercusiones y desafíos en la administración de beneficios sociales
Estos casos subrayan una preocupación creciente en torno al manejo y control de los beneficios sociales en Argentina. Los repetidos incidentes de corrupción ponen en cuestión los mecanismos de distribución y monitoreo de ayudas sociales, ya que estos programas buscan mejorar la vida de los sectores más vulnerables.
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