Por segunda vez en menos de seis meses, Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, será juzgado por liderar una organización criminal dedicada a estafar a miles de personas con promesas de rentabilidad imposibles. Esta vez, el juicio se desarrollará en Salta, donde se lo acusa de haber operado una filial de Zoe que funcionaba en calle Pellegrini 782. La audiencia comenzó este jueves en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, y el proceso está a cargo de los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Gabriel Feans.
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), acusará formalmente a Cositorto y a otros cuatro implicados por 118 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita. La maniobra consistía en ofrecer una “membresía educativa” a cambio de inversiones de entre 500 y 1.000 dólares, con promesas de retornos mensuales de hasta 10%. Las supuestas ganancias se basaban en «robots financieros» y beneficios ficticios.
Junto a Cositorto serán juzgados Ricardo, Jorge y Ana Lucía Vilardel, y Vilma Griselda Albornoz, quienes según el Ministerio Público Fiscal, cumplían roles operativos claves dentro de la estructura local. El perjuicio económico probado supera los $5,6 millones y más de USD 574.000, aunque se estima que las pérdidas reales podrían ser mayores.
Leonardo Cositorto fue trasladado desde la cárcel de Goya, donde en marzo fue condenado a 12 años de prisión por una estafa similar en Corrientes. En aquella oportunidad se lo encontró culpable de 98 hechos de estafa y asociación ilícita. También enfrenta causas en Córdoba, Rosario y Buenos Aires.
Desde la fiscalía salteña sostienen que el modus operandi fue idéntico al desplegado en otras provincias: una estructura piramidal disfrazada de empresa educativa, con rendimientos imposibles, promesas de duplicar el capital en tres meses, y un sistema agresivo de referidos.
En caso de una nueva condena, será un juez de ejecución penal quien determine si las penas pueden unificarse. Aunque el Código Penal argentino establece un máximo acumulado de 50 años, el criterio técnico y la calificación legal de los hechos (delito continuado en Corrientes, delitos reiterados en Salta) podrían influir en la extensión de la pena definitiva.
Cositorto, por su parte, insiste en que es víctima de una persecución política y judicial, negando los cargos como ya lo hizo en otros procesos.
-
-
-
-
-
