El intendente de La Cruz, Corrientes, Carlos Fagúndez, se encuentra en el ojo de la tormenta política tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación de ratificar una condena en su contra por delitos contra la administración pública. El fallo, que deja sin efecto las apelaciones del jefe comunal, confirma su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, desatando una posible destitución inmediata por parte del Concejo Deliberante local.
El fallo y sus implicancias
La condena, originada en 2009 y procesada en 2010, acusa a Fagúndez y a otros exfuncionarios del gobierno provincial de Arturo Colombi de los delitos de peculado en la distribución de pauta oficial y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Aunque otros implicados fueron absueltos, como José María Roldán y Carlos Lezcano, Fagúndez y otros involucrados, incluido el exgobernador Colombi, recibieron una sentencia que ahora es definitiva.
La confirmación del fallo por parte del máximo tribunal nacional marca el fin de un prolongado proceso de apelaciones que Fagúndez utilizó para mantenerse en funciones como intendente. Ahora, con la sentencia firme, la legalidad de su permanencia en el cargo queda en entredicho.
El rol del Concejo Deliberante
El Concejo Deliberante de La Cruz, presidido por Priscila Toledo, ya solicitó un informe al Supremo Tribunal de Justicia de Corrientes sobre la situación procesal de Fagúndez. El pasado 15 de noviembre, el tribunal confirmó la ratificación de la condena y rechazó los recursos interpuestos por el intendente, dejando sin margen de maniobra a la defensa del jefe comunal.
Fuentes locales indican que el Concejo podría votar su destitución en las próximas horas, una decisión que sería respaldada por el fallo judicial y la presión política generada por el escándalo.
Un historial controvertido
Desde que asumió como intendente, Fagúndez enfrentó cuestionamientos sobre su legitimidad debido a su historial judicial. A pesar de la condena inicial, logró mantenerse en el cargo a través de sucesivas apelaciones. Este último revés judicial no solo pone fin a su gestión, sino que también expone las fallas del sistema político local para garantizar que funcionarios condenados no accedan o permanezcan en cargos públicos.
El caso de Fagúndez no es aislado en la política argentina, donde figuras condenadas han utilizado recursos legales para dilatar el cumplimiento de sentencias y mantener su influencia en el poder.
Próximos pasos
Si el Concejo Deliberante avanza con la destitución, La Cruz enfrentará un proceso de transición que podría incluir la asunción de un reemplazo interino hasta que se convoquen nuevas elecciones. Mientras tanto, la atención se centra en las decisiones del Concejo y en las posibles medidas que pueda tomar Fagúndez para prolongar su permanencia en el cargo.
Conclusión: El caso de Carlos Fagúndez pone en evidencia los desafíos de la política argentina para lidiar con la corrupción y la inhabilitación efectiva de funcionarios condenados. Su destitución marcaría un precedente en la lucha por la transparencia y la responsabilidad en la administración pública. Sin embargo, el proceso también dejará interrogantes sobre las garantías institucionales para evitar que situaciones similares se repitan.
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