La interna del radicalismo correntino se ha agudizado tras un pedido formal de suspensión de las elecciones internas, programadas para el próximo 22 de diciembre. La solicitud fue presentada por un grupo alineado con el ex gobernador Ricardo Colombi, y apunta a presuntas irregularidades en las afiliaciones partidarias, vinculadas al uso de programas sociales provinciales.
El eje del conflicto: afiliaciones masivas y programas sociales
La controversia se centra en la presunta incorporación irregular de al menos 1.000 afiliados a los padrones locales de la Unión Cívica Radical (UCR). Según el pedido, estas afiliaciones habrían sido realizadas a cambio de inscribir beneficiarios en el plan alimentario provincial Mamá Mbareté, una denuncia que tomó fuerza tras ser divulgada por el medio Corrientes Hoy y respaldada por una ex legisladora radical de la localidad de Goya.
El documento presentado a la intervención nacional del partido cita estas acusaciones y exige la revisión exhaustiva de los padrones antes de avanzar con el acto comicial.
Reacción de la intervención partidaria
La intervención nacional de la UCR, que había anunciado la fecha de las internas la semana pasada, aún no se pronunció oficialmente sobre el pedido de suspensión. Sin embargo, el sector liderado por Colombi advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, recurrirán a la Justicia Federal con competencia electoral en la provincia.
Implicancias políticas
Esta crisis interna pone de manifiesto las divisiones en el partido gobernante en Corrientes, clave en el esquema político provincial. Mientras algunos sectores denuncian irregularidades, otros interpretan el pedido de suspensión como una maniobra para posponer las elecciones y evitar un posible cambio en la conducción partidaria.
El uso de programas sociales con fines políticos es un tema recurrente en la política argentina, y estas denuncias podrían tener repercusiones más allá del ámbito partidario, afectando la imagen del Gobierno provincial y sus aliados.
Escenario incierto
Con menos de dos meses para la fecha prevista de las elecciones, la UCR enfrenta un panorama complejo. Si la Justicia Federal interviene, podría demorarse el proceso electoral y generar mayor tensión entre las facciones internas.
Por ahora, el radicalismo correntino camina sobre terreno incierto, con la necesidad de resolver este conflicto sin comprometer su unidad ni su legitimidad de cara a futuros desafíos electorales.
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