El gobernador de Corrientes reconoció este miércoles en una entrevista radial la gravedad del aumento en las tarifas eléctricas y aseguró que no tiene margen de acción para frenar los incrementos. «Vemos el valor de la luz que están imponiendo a nivel país y es durísimo, es durísimo y no podemos hacer absolutamente nada», afirmó el mandatario, evidenciando la falta de respuesta provincial ante el problema.
Sin embargo, en provincias vecinas como Chaco y Formosa, los gobiernos locales han tomado medidas para proteger a los usuarios. En Chaco, la gestión radical decidió congelar las tarifas hasta el final del verano, mientras que en Formosa, el gobierno peronista anunció la semana pasada un subsidio con fondos propios para consumos de hasta 700 kWh por mes.
Falta de inscripción en la tarifa social y el peso de los costos locales
El gobernador correntino también justificó el impacto del aumento en la falta de inscripción de usuarios en la tarifa social. «Hicimos publicidad en todos lados para que se inscriban, casi 80.000 usuarios que estaban en condiciones de hacerlo no se inscribieron, ahora tienen tarifa plena», explicó.
Además de los incrementos nacionales, la provincia de Corrientes enfrenta un encarecimiento adicional por los ítems locales que aplica la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). Según el mandatario, estos costos son necesarios para el mantenimiento y expansión de la red eléctrica. «El componente de distribución representa un 20-30% de la factura y ha subido una barbaridad», detalló.
Judicialización del conflicto y reclamos de los usuarios
El descontento social por las tarifas desbordó el ámbito político y en los próximos días se formalizará una presentación judicial colectiva contra los aumentos y la calidad del servicio prestado por la DPEC. Miles de usuarios denuncian subas desproporcionadas y deficiencias en el suministro, lo que podría derivar en un nuevo foco de tensión para el gobierno provincial.
Mientras otras provincias buscan amortiguar el golpe del tarifazo, Corrientes enfrenta un escenario de inacción oficial y creciente malestar social, con un conflicto energético que amenaza con judicializarse y escalar aún más.
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