El gobernador de Corrientes se pronunció este viernes 20 de diciembre sobre los siderales aumentos en las tarifas de energía que afectan a miles de familias en la provincia. En declaraciones públicas, el mandatario señaló que su administración es incapaz de absorber los incrementos, argumentando que Corrientes es «solo una distribuidora» de energía y no tiene injerencia en la formación de los precios mayoristas.
“Nosotros no podemos absorber el costo, y es doloroso”, aseguró el gobernador. También recordó que este escenario era previsible tras la asunción de Javier Milei como presidente, quien implementó una política energética orientada hacia la eliminación de subsidios y precios de mercado:
«Sabíamos que cuando asumió Milei el valor de la energía iba a subir a las nubes, y esto seguirá siendo así».
El mandatario instó a enfocarse en energías alternativas como una solución a largo plazo, aunque reconoció que la provincia está lejos de alcanzar un desarrollo significativo en esta área. “Si absorbemos los costos de la energía, la provincia de Corrientes se cae en dos años”, sentenció.
Discrepancias con la DPEC
Sin embargo, la postura del gobernador contrasta con las declaraciones de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). La entidad, que depende del Poder Ejecutivo, aseguró que los usuarios que recibieron facturas con aumentos superiores al 100% no realizaron la recategorización necesaria para mantener los subsidios nacionales.
Según la DPEC, existe un lote de 90 mil usuarios que aún no han completado el proceso de inscripción en el registro correspondiente, lo que los excluye de los beneficios.
La preocupación de los usuarios
Las explicaciones oficiales no alivian la carga de las familias correntinas, que enfrentan incrementos insostenibles en sus facturas de electricidad. Organizaciones vecinales y sociales ya han comenzado a exigir respuestas más claras y soluciones inmediatas por parte del Gobierno provincial y nacional.
El dilema energético en Corrientes refleja el impacto de las nuevas políticas nacionales y la necesidad de adaptar las estrategias locales para garantizar el acceso a un servicio esencial sin comprometer la estabilidad económica de los hogares.