Una crisis política sin precedentes sacude a la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi tras la difusión de un audio que compromete al ahora exintendente Luis “Pato” Campos. En la grabación, Campos conversa con el empresario Roque “Chipi” Giménez sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y menciona un robo millonario en un tono que sugiere relaciones irregulares entre el poder político y actores del delito. La gravedad del contenido y su repercusión social llevaron al gobernador Osvaldo Jaldo a tomar una medida drástica: la intervención del municipio.
El escándalo comenzó con la viralización de un audio grabado por Giménez, contratista de obras públicas en la ciudad, en el que le reclama a Campos la pérdida de una maquinaria por un robo en un predio municipal. Durante el diálogo, Giménez lo increpa con dureza, cuestionando su autoridad, exigiendo su renuncia y sugiriendo una autoproclamación de poder absoluto: «Vos tenés que decir ‘soy el que maneja la policía, la droga y las muertes’. Vos no tenés que ser Lassie, tenés que ser Al Capone».
En paralelo, este domingo se realizaron allanamientos ordenados por la Justicia en propiedades vinculadas a Giménez, incluyendo su vivienda particular y el ex mercado municipal que figura como domicilio legal de su empresa. Los operativos permitieron el secuestro de celulares, documentación y sistemas de videovigilancia, en el marco de una causa que busca esclarecer los vínculos entre empresarios, funcionarios y posibles redes delictivas. La denuncia que motivó los allanamientos fue presentada por el jefe Joaquín Girveau.
Campos reconoció públicamente que es su voz la que aparece en el audio, aunque negó cualquier implicancia con el narcotráfico. Afirmó que la conversación se dio hace un año y que respondía a un reclamo por el robo sufrido por Giménez. También denunció la ilegalidad de la grabación y aseguró estar “firme” en su cargo, negándose a renunciar o tomar licencia. Sin embargo, las evidencias y la presión institucional crecieron con fuerza.
Finalmente, este lunes el gobernador Jaldo firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), enmarcado en el artículo 139 de la Constitución provincial, que dispone la intervención del municipio. Guillermo Norry, contador con experiencia en la función pública, fue designado como interventor con un plazo máximo de 180 días. Asimismo, se convocaron elecciones municipales para el próximo 26 de octubre, con el fin de “restituir la plena normalidad institucional a través del voto popular”.
El ministro del Interior, Darío Monteros, garantizó la continuidad laboral del personal municipal y señaló que Norry tendrá la misión de “ordenar las finanzas, la gestión y los servicios”.
Por su parte, el gobernador fue categórico: “No voy a permitir que funcionarios de mi gobierno o intendentes tengan vínculos con el narcotráfico. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No es casualidad que un día antes del escándalo hayamos incautado un pan de cocaína en Alberdi”.
La intervención marca un hito institucional y abre una etapa de fuerte vigilancia estatal en la zona. La investigación judicial continúa con el análisis del material incautado, mientras crece el clima de tensión política en el sur tucumano. La ciudadanía, en tanto, espera respuestas y claridad ante un caso que desnuda la posible penetración del crimen organizado en la política local.
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