Cristina Fernández de Kirchner presentó una demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que se anulen las resoluciones 1092/2024 y 94/2025, dictadas por el gobierno de Javier Milei, que suspendieron el pago de sus pensiones vitalicias y la de su fallecido esposo, Néstor Kirchner. El monto total bruto que reclama asciende a $35.255.297,73, dividido entre $19.645.844,41 por su cargo y $15.609.453,32 por el beneficio heredado.
La defensa de la exmandataria solicitó además una medida cautelar para que se restituya inmediatamente el pago, alegando que Cristina está inhibida y no posee bienes, por lo que estas asignaciones son su único ingreso para subsistir.
El reclamo judicial ocurre tras la condena firme por corrupción en la causa Vialidad, donde Cristina Fernández fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Anteriormente, en 2020, un juez había fallado a su favor respecto a estas pensiones, pero ahora el contexto político y judicial ha cambiado, complicando la situación.
El juez que falló inicialmente a su favor, Ezequiel Pérez Nani, se excusó de intervenir en esta nueva causa para evitar cuestionamientos sobre su imparcialidad debido a que está ternado para juez titular. El expediente fue reasignado a la jueza Karina Alonso Candi, quien también rechazó tomar el caso, devolviendo el expediente a la Mesa General de Entradas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, lo que deja el proceso judicial en un estado de paralización.
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