Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Fiscalía solicitó su inmediata detención, en tanto que su defensa presentó un pedido formal para que la exmandataria cumpla prisión domiciliaria sin tobillera electrónica.
El pedido fue presentado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes esgrimieron tres razones principales: su edad, riesgos de seguridad derivados de su rol como exjefa de Estado y el antecedente del intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022.
En el escrito de 13 carillas entregado al Tribunal Oral Federal N°2 (que la condenó en primera instancia), los letrados argumentaron que Cristina Kirchner, con 72 años, tiene derecho al arresto domiciliario, como establece la normativa vigente para mayores de 70. Además, señalaron que reside en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, y que ese domicilio podría ser verificado y aceptado para tal fin.
El segundo argumento apunta a su seguridad personal: según la defensa, al haber sido presidenta y vicepresidenta, accedió a información confidencial y secreta, por lo que debe contar con una custodia especial de la Policía Federal. En ese marco, señalaron que su alojamiento en una cárcel común sería “incompatible con los recaudos de seguridad” necesarios.
Como tercer punto, el equipo legal recordó el atentado del 1º de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla apuntándole con un arma a centímetros de su rostro. En este contexto, mencionaron sin nombrarlo directamente al diputado Gerardo Milman, involucrado en la causa como uno de los investigados, y lo vincularon a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bajo cuya órbita se encuentra el Servicio Penitenciario Federal.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, insistieron sus abogados.
Mientras tanto, el TOF N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, tiene la responsabilidad de establecer los pasos para efectivizar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El tribunal ya fijó un plazo de cinco días para que Cristina Kirchner, junto a los otros condenados, se presente en los tribunales de Comodoro Py. Una vez cumplido ese paso, se definirá cómo cumplirá su pena. Hasta que se resuelva su situación, y considerando que la aprobación de la prisión domiciliaria puede demorar, la expresidenta podría ser alojada temporalmente en una unidad penitenciaria o dependencia de seguridad.
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