La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner , presentó un recurso administrativo de nulidad ante la ANSES , buscando restablecer el cobro de su jubilación de privilegio como exmandataria y la pensión como viuda de Néstor Kirchner . La medida había sido suspendida por el gobierno de Javier Milei , argumentando su condena en la causa Vialidad como causal de inhabilitación ética para recibir estos beneficios.
Los argumentos del recurso
El escrito, presentado por el abogado Facundo Fernández Pastor en representación de Fernández de Kirchner, sostiene que la ANSES carece de facultades legales para suspender unilateralmente los beneficios otorgados por la Ley 24.018 , que regula las asignaciones a expresidentes.
En su defensa, el recurso señala:
«La administración debe instar la acción judicial para revisar un beneficio, pero no puede anularlo arbitrariamente, tal como se resolvió mediante la resolución RESOL-2024-1092».
Además, califica la suspensión como un acto de «persecución política» y solicita no solo la restitución de los haberes, sino también el pago retroactivo con intereses.
La posición del Gobierno de Milei
Desde el Ejecutivo, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó la decisión:
«El beneficio previsto por la Ley 24.018 es una asignación extraordinaria y excepcional, ligada al honor, mérito y buen desempeño en el cargo. La condena de la señora Cristina Kirchner por administración fraudulenta demuestra lo contrario a estos principios».
El gobierno también puso en debate la existencia misma de las jubilaciones de privilegio, calificándolas como «injustas» en un contexto donde el país enfrenta graves desafíos económicos y sociales.
El impacto de la causa Vialidad
La suspensión de los beneficios fue ordenada tras la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner en la causa Vialidad , donde se la encontró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El fallo judicial provocó un fuerte debate sobre la legitimidad ética de que un funcionario condenado acceda a beneficios estatales excepcionales.
Aspectos económicos y políticos del caso
Según datos oficiales, Fernández de Kirchner percibía alrededor de $35 millones mensuales por estos conceptos, monto que ha generado críticas en un país donde una parte significativa de la población vive en condiciones de pobreza.
Sin embargo, el caso también plantea interrogantes jurídicos sobre los límites de la intervención administrativa en derechos adquiridos y las implicancias de las condenas judiciales en la administración de estos beneficios.
¿Hacia dónde se dirige el debate?
La presentación de Cristina Kirchner reavivó discusiones sobre la relación entre legalidad, moralidad y política en Argentina. Por un lado, sus defensores subrayan que la suspensión de sus haberes contraviene normas constitucionales y procesales. Por otro, sus detractores consideran que la existencia misma de las jubilaciones de privilegio es incompatible con los principios de igualdad y justicia social.
El caso se proyecta como una prueba para los poderes judiciales y administrativos, en un contexto de alta polarización política y sensibilidad social frente a los privilegios de las élites.
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