El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, denunció públicamente la supuesta ocupación irregular del Espacio de la Memoria Virrey Cevallos por parte de agrupaciones vinculadas al kirchnerismo, que habrían utilizado el sitio para actividades políticas partidarias bajo el amparo del financiamiento estatal. La denuncia fue presentada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien afirmó que el lugar, creado con fines educativos y de preservación de la memoria histórica, se había transformado en “un búnker político e ideológico”.
En el centro de la controversia se encuentra la redacción del medio digital El Grito del Sur, que operaba desde el segundo piso del edificio y que, según el Ministerio, no contaba con respaldo administrativo para su funcionamiento en ese espacio. “Este sitio estaba destinado a la educación y la promoción de derechos humanos, pero fue usurpado para desarrollar una editorial partidaria kirchnerista sostenida con dinero público”, denunció Cúneo Libarona. Según el ministro, el gasto asociado al funcionamiento del lugar alcanzaba los $210 millones anuales en salarios pagados con fondos del Estado.
El medio en cuestión se definía como “popular, transfeminista y millennial, hecho por y para les jóvenes y les trabajadores”, lo que refuerza —según el Gobierno— el carácter militante y adoctrinador de sus contenidos. Entre los señalados, figura Miguel Hernán Santucho, sobrino del histórico dirigente del ERP, Mario Roberto Santucho, quien —según las autoridades— figuraba como empleado de la Secretaría de Derechos Humanos y tenía a su cargo parte de la gestión del predio.
Inspección y denuncia penal
La denuncia se sustenta en una inspección realizada recientemente, en la que se constató la presencia de una redacción montada en el lugar y operando sin autorización formal. Desde el Ministerio señalaron que esta situación infringe las normas que regulan el funcionamiento de los Espacios de Memoria, establecidos por ley como sitios destinados a la educación, investigación y difusión en torno a las violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
“Financiar un órgano editorial partidario con fondos del Estado es un atropello a la ciudadanía y una perversión del sentido de los sitios de memoria”, expresó el ministro. Según indicaron, ya se presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el uso indebido de recursos públicos y la posible comisión de delitos.
Auditoría y control sobre los espacios de memoria
Esta acción forma parte de una ofensiva más amplia del Gobierno de Javier Milei para revisar las políticas de derechos humanos implementadas durante las gestiones kirchneristas. En marzo, el Ministerio de Justicia ya había anunciado una auditoría integral sobre los Espacios para la Memoria, incluyendo el predio de la Ex ESMA, con el objetivo de garantizar que su uso sea estrictamente conforme a la ley.
El enfoque de la actual gestión apunta a cortar con lo que consideran una apropiación ideológica de estos lugares por parte de sectores políticos específicos, y busca restablecer su función institucional. “Los bienes del Estado deben estar al servicio de todos los argentinos, no de una facción política”, concluyó Cúneo Libarona.
-
-
-
-
-
