La denuncia detalla que Valdés, en el marco de una acción legal personal contra el dirigente social, utilizó la Casa de Gobierno y bienes públicos para su defensa, un hecho que, según el denunciante, transgrede los límites de la administración pública. Además, se cuestiona la contratación del abogado particular Jorge Eduardo Buompadre, cuyo pago habría sido cubierto con fondos estatales.
El conflicto se originó el pasado 4 de septiembre, durante una audiencia en la que Valdés, en su rol de querellante, utilizó el mobiliario y los recursos de la Casa de Gobierno para una querella privada. El denunciante aportó pruebas que muestran que el mandatario provincial hizo uso de estos bienes en su beneficio personal, algo que la denuncia considera como “peculado”.
Además, el presidente de la Fundación Alameda solicitó que se investigara cómo se financiaron los honorarios del abogado Buompadre, quien representó a Valdés en la audiencia ante la jueza Gabriela Aromí de Somers. Según el denunciante, el uso de fondos públicos en una causa de carácter privado es inaceptable y violatorio de la ley.
En esa misma audiencia, la jueza provincial de Garantías dictaminó que la querella iniciada por Valdés debe ser resuelta en los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y no en el fuero provincial, lo que representa un revés para el mandatario. Valdés había iniciado la demanda tras sentirse ofendido por declaraciones del dirigente de la fundación sobre el manejo de la investigación de la desaparición del niño Loan Peña, ocurrido tres meses atrás en el interior de la
Loan Peña, de cinco años, sigue desaparecido desde el 9 de julio. El caso, que se mantiene en vilo a la provincia de Corrientes, cuenta con ocho detenidos, entre ellos el ex comisario Walter Maciel, acusado de abuso sexual previo a la desaparición del
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