El Gobierno ha presentado nueva documentación en el Juzgado Federal de Ariel Lijo que pondría al descubierto un esquema de fraude en la entrega de alimentos destinados a comedores sociales y merenderos. Según los archivos presentados, dirigentes sociales y piqueteros habrían retirado grandes cantidades de mercadería de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social para lugares que no existen, sumando a la controversia a varias organizaciones vinculadas a Juan Grabois.
Comedores Fantasma y Subsidios Cuestionados
La documentación incluye la preinscripción de estos comedores en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM), que no pudo ser verificada. Además, se presentaron los remitos de entrega de mercadería que, según la auditoría, carecen de registro alguno sobre su destino final. En total, se identificaron 36 comedores a cargo de siete organizaciones cuyos dirigentes también habrían firmado subsidios millonarios “no reintegrables” que fueron objetados durante la rendición de cuentas.
La auditoría del ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora parte del Ministerio de Capital Humano, detectó múltiples irregularidades, como comedores en zonas rurales que “no existen” o domicilios que los vecinos afirman nunca haber albergado un comedor o merendero. Estos datos fueron recopilados en un informe y presentados a la justicia por la subsecretaria legal del ministerio, Leila Gianni, y el director de asuntos jurídicos, Ariel Romano.
Organizaciones Implicadas
Entre las organizaciones más cuestionadas se encuentran la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, ambas pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CTEP, cuyo cofundador es el ex candidato presidencial Juan Grabois. En 2022, la Federación de Cooperativas recibió más de 178 millones de pesos para asistir a 142 comedores en varias provincias. Sin embargo, la auditoría interna reveló que varios de estos comedores no existían, y se encontraron inconsistencias en los comprobantes bancarios presentados para justificar los subsidios.
Otra organización implicada, Amanecer de los Cartoneros, recibió más de 170 millones de pesos en subsidios que también fueron cuestionados por la falta de sellos en los remitos y la existencia de facturas que eran reimpresiones de los originales.
Juan Grabois Niega las Acusaciones
Ante estas revelaciones, el abogado y líder social Juan Grabois ha salido al cruce, negando las acusaciones de que los comedores sean “fantasmas”. Afirmó que el relevamiento realizado por el Ministerio de Capital Humano se basó en datos desactualizados o erróneos y denunció que la mitad de los comedores “no validados” se deben a errores de los relevadores o dificultades para acceder a ciertos lugares, como villas o áreas rurales.
Grabois también criticó que muchos comedores fueron dados de baja por no contar con una infraestructura formal, cuando en realidad operan en casas de familia y la comida se entrega en tuppers. Además, señaló que algunos comedores dejaron de funcionar debido a la interrupción en la entrega de alimentos por parte del ministerio.
Un Esquema Extendido
El documento presentado ante la justicia también menciona otras organizaciones acusadas de retirar alimentos para comedores que no existen. Entre ellas, la Asociación Civil La Salud en Comunidad, la Asociación Civil Orgullo Argentino de Promoción Social y la Asociación Civil Unión Abriendo Caminos. Estos grupos habrían retirado grandes cantidades de alimentos, como fideos, harina de maíz, leche en polvo y lentejas, para comedores que, según la auditoría, nunca existieron.
El caso más emblemático es el del comedor Los Angelitos, para el cual se retiraron más de 6.000 kilos de alimentos en agosto de 2023, según los remitos, pero la auditoría comprobó que el comedor no existía. Situaciones similares se detectaron en los comedores Bichitos de Luz y Soplo de Vida, también mencionados en la investigación.
Impacto Político y Judicial
Estas denuncias golpean a varias organizaciones sociales vinculadas a sectores de la izquierda y al kirchnerismo, que fueron beneficiadas por los programas sociales del gobierno anterior de Alberto Fernández. Con la nueva documentación en manos de la justicia, el fiscal Ramiro González deberá investigar el destino de miles de kilos de alimentos y más de mil millones de pesos en subsidios que, según las acusaciones, no llegaron a quienes más los necesitaban.
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