El Gobierno de Santa Cruz anunció que continúa profundizando las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de terrenos fiscales en el Barrio El Faro, de Río Gallegos. Las acciones judiciales se centran en las gestiones de Pablo Grasso, quien lideró el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) entre 2015 y 2019, y de María Grasso, a cargo del organismo entre 2022 y 2023.
Nuevas denuncias por administración fraudulenta
En un comunicado oficial, el Ejecutivo confirmó la presentación de dos nuevas denuncias penales contra los exfuncionarios. Estas se basan en los artículos 248 y 174, inciso 5°, del Código Penal, que sancionan el incumplimiento de deberes de funcionario público y la administración fraudulenta de bienes estatales.
La investigación señala graves irregularidades, entre ellas:
- Adjudicación arbitraria de lotes fiscales: Se asignaron terrenos a personas que no cumplían con los requisitos administrativos establecidos por la normativa.
- Ausencia de controles legales: Los procedimientos de adjudicación carecieron de las verificaciones obligatorias.
- Uso político de recursos públicos: Las entregas se realizaron en el marco de la campaña electoral de Pablo Grasso, lo que sugiere un posible intento de capitalizar políticamente los recursos del Estado.
Impacto patrimonial y violaciones éticas
El informe preliminar expone posibles incompatibilidades legales y éticas en la gestión de tierras fiscales. Se alega que el manejo discrecional de estos recursos no solo comprometió la transparencia administrativa, sino que también habría ocasionado un daño patrimonial al Estado.
Estas denuncias complementan las irregularidades ya detectadas, añadiendo pruebas que refuerzan la gravedad del caso y abren la posibilidad de nuevas imputaciones.
Auditoría integral en el IDUV
Para garantizar la transparencia y la correcta administración del suelo urbano, la actual gestión del IDUV inició una auditoría exhaustiva de las adjudicaciones realizadas en los últimos años. Entre los objetivos de este proceso se destacan:
- Transparentar el manejo de tierras fiscales.
- Establecer procedimientos equitativos y ajustados a la normativa vigente.
Próximos pasos judiciales
Con las investigaciones en curso, se espera determinar el impacto total de las maniobras denunciadas en el patrimonio estatal y esclarecer las responsabilidades de los exfuncionarios implicados. Este caso pone en el centro de atención la necesidad de reforzar los controles en la administración pública y evitar el uso político de los recursos estatales.
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