La tensión entre el Ejecutivo correntino y uno de sus aliados legislativos, el bloque Encuentro Liberal (ELI), se ha intensificado con la presentación de un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia. La propuesta busca modificar la reglamentación de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), criticada por cortar el servicio eléctrico a los usuarios que no paguen un mes, sin previo aviso.
Este accionar, vigente en la reglamentación interna de la DPEC, ha sido duramente criticado por los legisladores, quienes lo consideran “antijurídico” y en contravención con la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (24.240), que garantiza un trato digno para los usuarios. La facultad “autoatribuida” de la empresa estatal para suspender el suministro eléctrico sin una advertencia previa, según los legisladores de ELI, constituye una “práctica abusiva” que vulnera los derechos de los consumidores correntinos, especialmente en un contexto de fuertes aumentos tarifarios.
La iniciativa legislativa se produce en un momento clave, con el incremento del costo de la energía afectando a los hogares correntinos. Este proyecto refleja no solo una respuesta política al descontento social, sino también las tensiones crecientes dentro del oficialismo, ya que el bloque ELI ha sido históricamente aliado del Ejecutivo provincial. Sin embargo, las diferencias han aflorado en los últimos meses, especialmente en torno a temas sensibles como la gestión de los servicios públicos y los recursos energéticos.
En los fundamentos del proyecto, los cuatro legisladores del bloque ELI citan también la Ley Nacional 24.065, que regula el Régimen de Energía Eléctrica (Enre). Esta ley prohíbe actos de competencia desleal y el abuso de posiciones dominantes en el mercado eléctrico, señalando que conductas como las de la DPEC pueden habilitar la intervención del Enre, el ente nacional encargado de regular el sector eléctrico. En otras palabras, los legisladores no solo apuntan a proteger los derechos de los consumidores locales, sino también a exponer las posibles irregularidades en la administración del servicio energético en la provincia.
El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco normativo que impida a la DPEC cortar el servicio sin un aviso previo y un tiempo de gracia razonable para que los usuarios regularicen su situación. De aprobarse, la normativa podría representar un cambio significativo en la forma en que la empresa estatal gestiona las moras y el corte del suministro, brindando mayor protección a los usuarios y evitando prácticas que, según los legisladores, violan los principios de la defensa del consumidor.
Este proyecto también refleja una creciente preocupación por parte de los diputados respecto a cómo la administración de la DPEC maneja su posición dominante en el mercado eléctrico provincial. Al operar como único proveedor de energía, la empresa tiene un control total sobre el servicio, lo que, según los autores del proyecto, debe ser equilibrado con una mayor responsabilidad hacia los derechos de los consumidores.
La propuesta de ley genera expectativas entre los usuarios, que ven en ella una posibilidad de frenar los cortes intempestivos, especialmente en medio de los fuertes aumentos tarifarios que han afectado al bolsillo de las familias correntinas. Si bien aún está por verse cómo avanzará este proyecto en la Cámara de Diputados y si recibirá el apoyo del resto de los bloques, su presentación ya marca un punto de inflexión en las tensiones entre el Ejecutivo provincial y uno de sus aliados clave.
En un contexto donde los servicios públicos se han vuelto un tema central en la agenda política y social, la regulación de la DPEC será un tema clave para las próximas semanas.
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