En un contexto en el que se restringe progresivamente el uso de celulares en escuelas y otros espacios públicos, las cárceles de la provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Axel Kicillof, representan un caso atípico. Con cerca del 73% de los internos registrados como propietarios de teléfonos móviles, el acceso a estos dispositivos no enfrenta limitaciones legales ni administrativas, lo que genera debates sobre los riesgos y beneficios de esta política.
Un «derecho» cuestionado
Desde 2020, una resolución judicial permite a los presos de las 56 cárceles bonaerenses tener teléfonos celulares. La medida, implementada durante la pandemia para garantizar la comunicación con sus familias y el acceso a materiales educativos, se ha mantenido incluso después de finalizada la emergencia sanitaria.
El protocolo establece que los dispositivos deben ser básicos, sin memoria extraíble, y que el acceso a redes sociales debe limitarse exclusivamente a WhatsApp. Sin embargo, fuentes judiciales y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguran que estos controles son prácticamente imposibles de cumplir, lo que permite a los internos realizar actividades ilícitas desde sus celdas.
Delitos desde prisión
La reciente detención de Víctor Hugo Balderrama, condenado por abuso sexual infantil y señalado como líder de una red de pedofilia operada desde su celda, ha puesto en evidencia los riesgos de esta política. Balderrama utilizaba su teléfono para distribuir contenido de abuso sexual infantil, incluyendo material generado por él mismo.
Este caso forma parte del «Operativo Protección de las Infancias», en el que se desmantelaron redes de pedofilia en 65 localidades bonaerenses, con dos operativos realizados directamente en cárceles.
Además de estos crímenes, otros delitos como estafas virtuales y secuestros extorsivos han registrado un preocupante aumento. Investigadores advierten que muchas de estas operaciones son orquestadas desde el interior de las prisiones, aprovechando la falta de controles efectivos sobre los celulares.
Una política bajo debate
Mientras algunas voces defienden el acceso a celulares como un «derecho humanitario» y una herramienta para mantener el orden penitenciario, sectores judiciales y de la sociedad civil cuestionan esta permisividad. Argumentan que los dispositivos, lejos de fomentar la reinserción, se han convertido en instrumentos para el crimen organizado.
Aunque se han decomisado más de 5.600 celulares en los últimos dos años, los registros oficiales indican que en 2024 existen 42.833 teléfonos en funcionamiento en las cárceles bonaerenses.
En contraste, algunas cárceles federales han implementado protocolos de «alto riesgo» que restringen el uso de celulares a presos con capacidad de liderar actividades delictivas. Sin embargo, estas medidas no se han replicado en la provincia de Buenos Aires, donde la administración actual sostiene que los celulares contribuyen a la estabilidad del sistema penitenciario.
El desafío de equilibrar derechos y seguridad
El debate sobre los celulares en prisiones bonaerenses expone la necesidad de revisar las políticas penitenciarias, equilibrando los derechos de los internos con la seguridad pública.
Mientras tanto, el aumento de delitos gestados desde las cárceles y la ineficacia de los controles plantean interrogantes sobre las consecuencias de priorizar el acceso a dispositivos móviles en un contexto de creciente criminalidad.
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