A más de un año y medio del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el juicio oral revivió un elemento que incomoda a muchos en el poder: el teléfono de Fernando Sabag Montiel, el autor material del atentado. Lo que en principio parecía un trámite técnico, hoy se convirtió en el epicentro de una trama repleta de negligencias, contradicciones y posibles encubrimientos que involucran a la Policía Federal Argentina, a la PSA, al Ministerio de Seguridad, e incluso a actores judiciales de alto rango.
La jueza María Eugenia Capuchetti, quien estuvo al frente del expediente desde el comienzo, acaba de retomar el control de la investigación tras casi dos años. Su primera decisión fue reveladora: abrir un sumario administrativo interno contra la PFA para auditar lo sucedido en las horas posteriores al atentado. Las sospechas apuntan a un posible encubrimiento institucional. La investigación judicial determinó que el celular fue encendido y reseteado a valores de fábrica a las 0:19 del 3 de septiembre de 2022, cuando ya estaba bajo custodia del Estado. Pero aún no hay responsables.
Mientras tanto, el juicio dejó al desnudo una cadena de versiones enfrentadas. El oficial que trasladó el teléfono dice que el sobre estaba cerrado. Los peritos de la PSA afirman lo contrario. Se discutió si el aparato estaba encendido o apagado. Nadie puede explicar cómo se borró todo su contenido. La querella de la expresidenta sospecha que se quiso ocultar información clave sobre los posibles autores intelectuales del atentado. La hipótesis no es menor: en la causa se sigue investigando al diputado Gerardo Milman, luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado anticipar la muerte de Cristina.
Otro nombre que genera ruido es el de Damián Neustadt, entonces Director de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, quien estuvo presente en la sede de la PSA justo cuando llegó el teléfono. Su rol, junto al viceministro de Justicia Juan Martín Mena, fue central en los primeros movimientos del caso. También participó el Comisario General Ñamandú y el perito Heredia, sin experiencia previa, elegido para intentar desbloquear el aparato en Comodoro Py. Todo fue filmado. Nada funcionó.
En medio de este escenario, la jueza Capuchetti no descarta acudir a organismos internacionales para recuperar la información. Pero el daño ya está hecho. La defensa de Cristina Kirchner y parte del arco político más cercano a ella sostienen que la cadena de custodia fue deliberadamente vulnerada. Que no fue sólo negligencia, sino un operativo de encubrimiento.
Lo cierto es que el intento de magnicidio más grave desde el regreso de la democracia aún no tiene condenados, ni siquiera una reconstrucción certera de los hechos anteriores. ¿Quién estaba detrás de Sabag Montiel? ¿Quién financió, ideó o impulsó el atentado? ¿Quién se beneficia con el apagón de ese celular?
Las respuestas podrían haber estado en ese dispositivo. Pero el Estado argentino, con sus fallas, omisiones y zonas oscuras, se encargó de eliminarlas.
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