El tratamiento para reducir la edad de imputabilidad de los menores volvió a ocupar el centro del debate político en Argentina, luego de que el presidente Javier Milei solicitara al Congreso que se acelere la reforma del Código Penal, en el marco de su discurso de apertura de sesiones legislativas el pasado 1 de marzo.
La iniciativa, que propone fijar la edad de imputabilidad en 14 años para los delitos graves, forma parte del paquete de reformas que el gobierno libertario presentó como eje de su política de seguridad, junto con las leyes de Reiterancia, Reincidencia, Antimafia y Juicio en Ausencia, que ya fueron sancionadas en los últimos meses.
La diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, confirmó que la próxima semana se reactivarán los plenarios parlamentarios para avanzar con el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, en un contexto donde la inseguridad y la impunidad de menores vuelven a ocupar la agenda pública.
Un debate postergado
El proyecto para reducir la edad de imputabilidad ha sido una discusión recurrente en el Congreso, aunque nunca logró consenso para su aprobación. Actualmente, la legislación argentina establece la edad mínima de imputabilidad en 16 años, lo que deja fuera del sistema penal a menores que cometen delitos graves, como homicidios o robos violentos.
La propuesta del gobierno busca fijar un nuevo piso de 14 años para delitos que impliquen violencia contra las personas, como homicidios, violaciones o secuestros, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales y con la legislación vigente en otros países de la región, como Brasil, Chile y Uruguay.
«La sociedad no tolera más la impunidad de quienes cometen crímenes gravísimos amparados por su edad. Es fundamental que el sistema judicial garantice que quienes cometen delitos como adultos, paguen como adultos», afirmó Milei en su discurso.
El caso que reactivó la discusión
El reclamo presidencial se vio potenciado por el caso de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada durante un robo en La Plata, cuyo principal acusado tiene 14 años y, por lo tanto, es inimputable según la legislación actual.
El hecho conmocionó a la opinión pública y fue utilizado por el gobierno para redoblar la presión sobre el Congreso, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad.
«La muerte de Kim nos duele a todos. No podemos seguir permitiendo que haya menores que cometan delitos graves y queden impunes por el solo hecho de tener 14 o 15 años. Eso no es justicia, es un absurdo», sostuvo Rodríguez Machado.
Las resistencias del kirchnerismo y la disputa ideológica
El debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad ha generado fuertes tensiones entre el oficialismo y los sectores de la oposición vinculados al kirchnerismo, que históricamente han rechazado cualquier modificación al régimen penal juvenil.
Desde el bloque de Unión por la Patria, sostienen que la criminalización de los menores no resuelve el problema de fondo y que el Estado debe enfocarse en la prevención y la inclusión social, en lugar de endurecer las penas.
«El camino no es bajar la edad de imputabilidad, sino garantizar que los chicos no caigan en el delito. La verdadera solución es más educación, más contención y más oportunidades», afirmó la diputada Paula Penacca, una de las principales voces opositoras al proyecto.
La estrategia del gobierno
A pesar de las resistencias, el oficialismo confía en que podrá alcanzar los votos necesarios para avanzar con la reforma, en el marco de una creciente demanda social por mayor seguridad y por el fin de la llamada «puerta giratoria» en el sistema judicial.
El nuevo Régimen Penal Juvenil forma parte de la estrategia del gobierno para consolidar su perfil de mano dura frente a la inseguridad, uno de los ejes centrales del discurso de Milei desde su llegada al poder.
«La reforma del Código Penal es la más importante de los últimos cien años. No vamos a permitir que el miedo y la impunidad sigan siendo parte del día a día de los argentinos», sentenció el presidente.
Con el impulso del gobierno y la creciente presión social, la reducción de la edad de imputabilidad se encamina a convertirse en uno de los cambios más trascendentales en materia de seguridad en las últimas décadas, aunque el debate promete una fuerte confrontación política y una intensa discusión sobre los límites entre la responsabilidad penal y la protección de los derechos de los menores.
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