La asignación de recursos públicos para la seguridad personal de Elisa Carrió, exdiputada nacional y líder de la Coalición Cívica, ha suscitado un fuerte debate tras revelarse que el costo de su custodia supera los 1.000 millones de pesos anuales, según informó La Derecha Diario. Este gasto, solventado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, es calificado como excesivo y desproporcionado, especialmente considerando que Carrió ya no ocupa cargos públicos ni ejerce un rol político significativo.
Custodia millonaria y estructura cuestionada
El esquema de seguridad de Carrió incluye más de 20 custodios y dos choferes, todos financiados con fondos públicos. Este nivel de protección, generalmente reservado para funcionarios en actividad, ha generado indignación entre sectores políticos y ciudadanos, quienes consideran injustificable que recursos de los contribuyentes se destinen a proteger a una figura que ha reducido significativamente su participación en la escena pública.
Críticas desde el gobierno y la sociedad
El presidente Javier Milei se sumó a las críticas al compartir en su cuenta de X un mensaje cargado de ironía:
«En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es Diputada Nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas. ¡CIAO!»
Milei aprovechó la controversia para reforzar su mensaje contra los privilegios de la «casta política», destacando que mientras Carrió se opone a la tenencia de armas por parte de los ciudadanos, ella misma recurre a un costoso sistema de seguridad armado para su protección personal.
El contexto económico amplifica la indignación
La revelación de este gasto ocurre en un contexto de profunda crisis económica, en el que la Ciudad de Buenos Aires enfrenta crecientes demandas sociales e impuestos elevados. Muchos ciudadanos cuestionan la legitimidad de destinar fondos a una figura política que no ejerce funciones oficiales y cuyo impacto actual es marginal.
Además, este episodio revive el debate sobre la equidad en la distribución de recursos públicos y la persistencia de privilegios en una clase política que, según los críticos, actúa en contradicción con los valores que predica.
Un debate sobre prioridades y transparencia
La polémica en torno a la custodia de Carrió no solo expone un posible uso indebido de recursos públicos, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de revisar las asignaciones presupuestarias para exfuncionarios y figuras políticas retiradas. En un país donde la austeridad es una demanda creciente, el caso plantea preguntas incómodas sobre la transparencia y la ética en el manejo de los bienes públicos.
Mientras tanto, los argentinos esperan respuestas y acciones concretas para garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la ciudadanía.
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