Mediante el Decreto 452/2025, el Gobierno nacional oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que reemplazará a los históricos ENARGAS y ENRE. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se enmarca en el plan de modernización y desregulación del Estado.
El nuevo organismo tendrá un plazo de 180 días para comenzar a operar y absorberá todas las funciones técnicas, administrativas y regulatorias que hasta ahora estaban divididas entre ambos entes, con el objetivo de reducir costos, evitar superposiciones y dotar al sistema de mayor eficiencia. Tendrá autarquía, independencia funcional y presupuestaria, y capacidad jurídica para actuar en derecho público y privado.
El directorio estará compuesto por cinco miembros (presidente, vicepresidente y tres vocales), seleccionados por el Ejecutivo entre personas con experiencia en el sector energético. Los mandatos serán de cinco años, con posibilidad de renovación ilimitada, y los ceses serán escalonados para garantizar continuidad institucional. Las designaciones deberán ser notificadas a una comisión del Congreso, que podrá emitir una opinión no vinculante.
Además, se establece la transferencia automática del personal, bienes, presupuesto y patrimonio de ENARGAS y ENRE al nuevo organismo. Hasta que esté plenamente operativo, las estructuras actuales seguirán funcionando para garantizar la continuidad del servicio.
El financiamiento del ente provendrá de la tasa de inspección y control ya establecida por las leyes 24.076 y 24.065, así como de otros ingresos como subsidios, transferencias y la venta de obleas de GNC. El presupuesto anual deberá publicarse en su sitio web y podrá ser objetado por los actores del sector, aunque sin carácter vinculante.
La medida también incluye la reforma del directorio de la Agencia I+D+I, que pasará de once miembros a solo tres, designados directamente por el Gobierno, y responde a una lógica de eficiencia y alineamiento con estándares de la OCDE.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca terminar con lo que considera una “captura ideológica” del sistema regulador y reorientar la gestión energética hacia un modelo técnico, profesional y orientado al desarrollo productivo.
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