Primeras provincias en la mira: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes
El gobierno de Javier Milei anunció que iniciará el proceso de licitación de importantes corredores viales con el objetivo de privatizarlos. Las rutas 12 y 14, que conectan Buenos Aires con Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, serán las primeras en ser concesionadas. Estas vías son estratégicas para el comercio del Mercosur y representan un eje clave en el transporte de cargas en la región.
Actualmente, estos corredores están gestionados por Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato vence en abril de 2025. La empresa presentó un reclamo al Estado Nacional por u$s300 millones, citando incumplimientos contractuales y retrasos en ajustes tarifarios. CRUSA propuso extender su concesión a cambio de retirar la demanda, lo que incluiría un incremento del 140% en el peaje de Zárate.
Sin embargo, el Gobierno confirmó que existen otras ofertas, entre ellas la de un consorcio de tres constructoras que proyecta invertir u$s600 millones para hacerse cargo de la gestión y mejora de las rutas.
Un plan ambicioso: más de 8.000 kilómetros en nuevas licitaciones
El plan del Ejecutivo no se limita a las rutas 12 y 14. También se contempla la concesión de más de 8.000 kilómetros de rutas en distintas provincias, incluyendo:
- Ruta Nacional 33 en Santa Fe.
- Ruta 18 en Entre Ríos.
- Ruta 19 en Córdoba.
Bajo el nuevo esquema, las empresas concesionarias tendrán que cumplir con una serie de requisitos antes de implementar nuevas tarifas de peaje. Estas condiciones incluyen:
- Reparación de baches y banquinas.
- Mejoras en la señalización horizontal y vertical.
- Instalación de iluminación adecuada en tramos clave.
El Gobierno estima que este modelo permitirá un ahorro fiscal superior a u$s5.000 millones en un plazo de 20 años.
Recortes en obras públicas y la necesidad de inversión privada
El plan de privatización coincide con una reducción en la inversión estatal en obras públicas provinciales y municipales, delegando esta responsabilidad a los gobiernos locales. Hasta septiembre de 2024, Corredores Viales, la empresa estatal encargada de la gestión de rutas, acumulaba una deuda de $16.000 millones, lo que refuerza la urgencia de incorporar capital privado para garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial.
Desafíos del modelo de concesión
De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, se estima que solo unos 1.000 kilómetros son económicamente viables bajo un esquema de concesión. Estos tramos incluyen los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Ruta 3, lo que limita la expansión del modelo a otras regiones del país.
A pesar de esto, el Gobierno busca equilibrar las necesidades de mantenimiento de la red vial con su objetivo de reducir el gasto público. Las constructoras evalúan la sostenibilidad de operar bajo estas concesiones en un contexto económico desafiante, marcado por restricciones fiscales e inflación.
El impacto de las privatizaciones en la economía nacional
La privatización de rutas estratégicas no solo forma parte del plan de ajuste fiscal del gobierno de Milei, sino que también representa un cambio estructural en la gestión de la infraestructura vial. Mientras las provincias afectadas se preparan para este cambio, el éxito del modelo dependerá de la capacidad de las concesionarias para cumplir con las obligaciones contractuales y garantizar un servicio eficiente que justifique las nuevas tarifas de peaje.
El proceso de licitación y los resultados de estas concesiones serán un termómetro clave para evaluar la eficacia de las políticas de reducción del gasto público y el impacto de las privatizaciones en el desarrollo económico del país.
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