En un contexto de creciente inseguridad y amenazas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, el gobierno de Javier Milei trabaja en un decreto que ampliará las facultades operativas de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles enfrentar estas amenazas de manera directa. La medida se encuentra en proceso de elaboración bajo la supervisión del ministro de Defensa, Luis Petri, y su equipo legal, y se enmarca en un plan más amplio de modernización y fortalecimiento de las capacidades militares del país.
Un cambio histórico en las atribuciones militares
La propuesta plantea una reforma al Decreto 727/2006, promulgado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que limitaba el accionar militar exclusivamente a agresiones externas de Estados. Con esta modificación, las Fuerzas Armadas podrán actuar en situaciones como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, fenómenos considerados amenazas contemporáneas a la seguridad nacional.
El detonante reciente de esta aceleración legislativa fue la aparición de un video donde narcotraficantes amenazaban con armas de guerra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Este hecho, calificado como «gravísimo» por el vocero presidencial Manuel Adorni, ha subrayado la necesidad de tomar medidas inmediatas.
Áreas estratégicas y nuevos roles operativos
El nuevo marco permitirá a las Fuerzas Armadas colaborar con fuerzas de seguridad como la Gendarmería Nacional y la Policía Federal en tareas de vigilancia, patrullaje, y control en pasos fronterizos clave, particularmente en las regiones limítrofes con Paraguay, Bolivia y Brasil, donde se registra un importante tráfico de drogas.
Asimismo, se proyecta la protección militar de infraestructuras estratégicas, como las centrales nucleares Atucha I y II, represas y edificios gubernamentales de alto valor, siguiendo modelos adoptados por otros países tras el 11 de septiembre de 2001.
Hacia una reforma integral de la Ley de Seguridad Interior
Además del decreto en cuestión, el presidente Milei evalúa reformas a la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional. Estas modificaciones permitirían a las Fuerzas Armadas participar en operaciones contra organizaciones terroristas internacionales como Hezbollah o Hamás, cuyas actividades han tenido antecedentes en el país con los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
En Rosario, ciudad afectada por altos niveles de violencia vinculada al narcotráfico, ya se ha recurrido al apoyo del Ejército para tareas logísticas. Sin embargo, con la nueva normativa, se habilitarían roles más activos como el control de personas, vehículos, y posibles detenciones en flagrancia.
Debate y críticas
Aunque el gobierno argumenta que la reforma es esencial para adaptarse a las «nuevas amenazas emergentes», la propuesta ha generado un debate entre quienes la ven como una respuesta necesaria y quienes temen un uso indebido de las fuerzas militares en tareas de seguridad interior.
Grupos defensores de derechos humanos han manifestado preocupaciones sobre posibles excesos y falta de control en el accionar militar. Por otro lado, sectores de la oposición consideran que la medida es una distracción frente a problemas estructurales más amplios, como la falta de recursos en las fuerzas de seguridad tradicionales.
Un cambio de paradigma
Si se aprueba, esta reforma representará un cambio de paradigma en el rol de las Fuerzas Armadas argentinas, alineando al país con estándares internacionales donde las amenazas no estatales son consideradas prioritarias para la defensa nacional. Para el gobierno de Milei, esta transformación es una respuesta inevitable ante un escenario global y local que exige mayor capacidad de respuesta frente a desafíos complejos.
La aprobación y aplicación del decreto será, sin duda, un tema clave en los próximos meses, marcando una nueva etapa en la estrategia de seguridad y defensa de la Argentina.
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