El Gobierno de Javier Milei, a través de la recién creada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), denunció la existencia de una red interna en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), destinada a proteger a contribuyentes vinculados a los gobiernos de Mauricio Macri y el Frente de Todos.
Según reveló el diario Clarín, esta estructura operó desde 2016 y tenía como finalidad restringir el acceso a información patrimonial y financiera de empresarios y dirigentes de alto perfil, incluidos aquellos condenados por corrupción, como Alejandro Vandenbroele y Lázaro Báez.
Un esquema de privilegios discrecionales
El sistema de protección detectado consistía en clasificar a ciertos contribuyentes como «información sensible», una categoría que restringe el acceso a sus datos únicamente a funcionarios de alto rango. Esta categoría, habitualmente reservada para figuras como el presidente de la Nación, fue utilizada de manera discrecional para beneficiar a empresarios y dirigentes con vínculos políticos.
Entre las empresas y personas incluidas en esta lista figuran:
- Empresas ligadas a Lázaro Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla SA, y Valle Mitre.
- Hoteles vinculados a la familia Kirchner, como Los Sauces SA y Hotesur.
- Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou en el caso Ciccone.
Los hallazgos de la nueva administración
La red fue descubierta por el equipo de ARCA durante el proceso de reorganización interna que llevó al cambio de nombre del organismo. El director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, asumió en reemplazo de Florencia Mizrahi y encabezó la investigación que sacó a la luz estas irregularidades.
La lista incluye a 51 empresas y entidades jurídicas que, según la denuncia, estuvieron protegidas frente a auditorías y sanciones fiscales habituales. Esto representa un uso indebido de los recursos del organismo recaudador y un tratamiento desigual frente a los ciudadanos y empresas comunes.
Impacto político y judicial
El descubrimiento de esta red podría tener repercusiones políticas significativas, ya que involucra a figuras de ambos lados del espectro político argentino:
- Mauricio Macri y Cambiemos: La estructura comenzó a operar durante su gobierno en 2016, lo que plantea interrogantes sobre el manejo de la AFIP en su gestión.
- El Frente de Todos: La continuidad del esquema durante la administración posterior sugiere un uso prolongado del organismo para intereses discrecionales.
Además, la denuncia fortalece el discurso del gobierno de Javier Milei en contra del «Estado sobredimensionado y corrupto» y refuerza su compromiso con una gestión más transparente.
Repercusiones y próximos pasos
El Gobierno de Milei ha anunciado que llevará los hallazgos ante la Justicia para determinar responsabilidades penales. Mientras tanto, ARCA continuará avanzando en su plan de modernización y reorganización interna para evitar que estos esquemas se repitan en el futuro.
El caso, que combina elementos de corrupción, connivencia política y desigualdad fiscal, promete ser un nuevo capítulo en la historia de los conflictos de poder en Argentina, con consecuencias que podrían afectar a líderes y empresarios de ambos bloques políticos.
Con esta denuncia, la gestión Milei busca consolidar su narrativa de cambio profundo en las instituciones del Estado, posicionando a ARCA como un símbolo de transparencia y eficiencia en la lucha contra la corrupción.
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