El próximo 31 de diciembre, alrededor de 50.000 contratos en la administración pública nacional llegarán a su fin, generando incertidumbre entre los trabajadores estatales y sus familias. Aunque el Gobierno aún no ha confirmado cuántos de estos contratos serán renovados, todo indica que habrá una reducción significativa, alineada con el objetivo anunciado por el presidente Javier Milei de recortar 75.000 puestos estatales.
En los últimos meses, el ajuste ya se hizo sentir con fuerza: 30.000 despidos han sido ejecutados, según denuncian los sindicatos estatales. El caso más reciente ocurrió en el Ministerio de Justicia, donde 2.400 empleados fueron cesanteados. Además, se suman las 10.000 intimaciones a jubilación impulsadas por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, que afectan en su mayoría a personal de planta permanente.
Un ajuste profundo en el Estado
Desde que asumió la presidencia, Javier Milei redujo el número de ministerios a la mitad, lo que implicó una reorganización estructural que ha dejado a miles de trabajadores sin empleo. En declaraciones a la prensa a mediados de año, el mandatario expresó:
“El ajuste significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad, y eso no fue gratis porque obviamente echamos gente. Vamos a terminar echando 75 mil personas; llevamos 25 mil».
El impacto no solo se limita a ministerios. La semana pasada, 1.388 despidos fueron registrados en Trenes Argentinos, una de las principales empresas estatales del país, mientras que en el organismo recaudador ARCA, 802 empleados fueron cesados y se espera que el número aumente.
La respuesta sindical
Frente a este panorama, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) han levantado su voz. Rodolfo Aguiar, líder de ATE Nacional, exigió la «renovación automática» de todos los contratos y advirtió sobre posibles medidas de fuerza:
«El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos».
ATE amenaza con paros sectoriales durante la primera quincena de enero si no se garantizan los puestos de trabajo, mientras que UPCN, tradicionalmente más dialoguista, busca negociar con el Gobierno para limitar los despidos y mejorar las condiciones salariales.
Consecuencias del ajuste
La política de ajuste estatal no solo afecta a los trabajadores directamente despedidos, sino también al funcionamiento de organismos clave para la gestión pública. Según fuentes oficiales, muchas áreas están experimentando reducciones de personal, reestructuraciones o fusiones que podrían comprometer la capacidad operativa del Estado.
Con el vencimiento masivo de contratos a fin de año, el conflicto entre el Gobierno de Milei y los sindicatos promete escalar, mientras miles de trabajadores esperan una definición que marcará el rumbo de sus vidas y de la administración pública nacional.
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