En un giro judicial significativo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denuncia responde a la liberación de 114 detenidos involucrados en los graves incidentes ocurridos el pasado 12 de marzo, en el marco de una marcha de los jubilados frente al Congreso de la Nación.
La denuncia presentada a la Justicia incluye las acusaciones de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Según los detalles, Andrade habría ordenado la liberación de los detenidos sin revisar pruebas ni antecedentes penales, lo que habría favorecido a individuos con prontuarios por delitos graves, permitiendo así su impunidad.
Irregularidades en el Procedimiento Judicial
El Ministerio de Seguridad destacó que la actuación de la jueza Andrade fue arbitraria e ilegal. La acusación sostiene que la magistrada interfirió en un proceso de flagrancia, que es responsabilidad exclusiva del fiscal, tomando decisiones fuera de los procedimientos legales establecidos. En vez de actuar conforme a la ley, Andrade habría gestionado las liberaciones a través de WhatsApp, sin dejar registros oficiales ni involucrar al Ministerio Público Fiscal. Esta forma de proceder, según la denuncia, violó el debido proceso judicial y quebrantó la transparencia en la administración de justicia.
En un contexto de fuerte preocupación por el orden público, Patricia Bullrich expresó que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y defender el Estado de derecho. La ministra advirtió que no se permitirá que decisiones judiciales mal fundamentadas pongan en riesgo la seguridad pública y aseguró que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes promuevan la violencia o alteren la paz social.
Reincidencias y Gravedad de los Hechos
El expediente resalta que algunos de los liberados por Andrade tienen antecedentes por delitos como lesiones, narcotráfico, tenencia de armas y robos. La jueza, según la denuncia, no revisó sus legajos antes de decidir la excarcelación, y alegó que la falta de capacidad en los centros de detención fue el argumento para justificar las liberaciones. Sin embargo, esa explicación fue refutada, ya que había plazas disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y en la Policía Federal.
El documento también destaca que el accionar de la jueza Andrade pudo haber facilitado el encubrimiento de delitos cometidos durante los disturbios, que incluyeron ataques a la Policía y destrozos en el espacio público. Más de una docena de efectivos de la policía resultaron heridos durante los incidentes, lo que subraya la gravedad de los hechos ocurridos en esos enfrentamientos.
Defensa del Estado de Derecho y la Institucionalidad
Desde la administración de Javier Milei, se enfatiza que no se permitirá que la impunidad socave los cimientos de la democracia. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad solicitó que la Justicia federal avance en la investigación, pues los hechos podrían constituir delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada.
La ministra Patricia Bullrich subrayó que la prioridad del gobierno es devolver la tranquilidad a los ciudadanos, asegurando que aquellos que infringen la ley enfrentarán las consecuencias de sus actos. La ministra también reiteró que no hay lugar para los violentos ni para quienes protegen el accionar delictivo.
Avances Judiciales y el Rol de la Jueza María Servini
El expediente ha sido derivado a la jueza María Servini, quien será responsable de determinar las responsabilidades penales de la jueza Karina Andrade y continuar con la recopilación de pruebas. La investigación incluirá material audiovisual y testimonios de los afectados por los disturbios, lo que podría aportar evidencia crucial para esclarecer los hechos ocurridos.
Este caso se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Milei y ciertos sectores del poder judicial, poniendo en juego la confianza en las instituciones encargadas de administrar justicia en el país. La resolución de esta denuncia podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales, especialmente en lo que respecta a la independencia del poder judicial y la seguridad pública en Argentina.
-
-
-
-
-
